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Crímenes | Opinión | EL PAÍS por J.J. Millás

Si el ministro del Interior, tras declararse incapaz de gestionarlo por sí mismo, le vendiera el orden público a Construcciones y Contratas, nos parecería un escándalo. Lo mismo que si el de Defensa, tras declarar públicamente su aversión a las armas de fuego, adjudicara su ministerio a Prosegur, y quien dice Prosegur dice Massimo Dutti o Mercadona. De modo que cuando un político confiesa su impericia para aquello para lo que es llevado y traído en un coche oficial como un bebé en su carrito, debería dimitir o, en su defecto, deberíamos dimitirlo ipso facto. Regalarle la sanidad pública a tu cuñado (metafóricamente hablando, todos los beneficiarios son cuñados) es un modo de corrupción, y el más difícil de denunciar, pues como en el cuento La carta robada, de Poe, se lleva a cabo delante de nuestras narices.

Así que vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Enriquecer a una empresa privada con el dinero público destinado a la sanidad o a la educación o la justicia, por no citar de nuevo el orden público o la defensa nacional, es pura y llanamente un crimen, más condenable si el criminal, a modo de coartada, confiesa que es un idiota al que no le salen los números, excepto cuando se trata de cobrar comisiones. Si es idiota, que lo retiren y pongan a otro capaz de gestionar el departamento.

Las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes no son una muestra de talento moral, ni siquiera de inteligencia escénica. Pero a Sáenz de Santamaría no se le ha ocurrido todavía vendérselas a Miguel Rodríguez, que tiene una empresa de publicidad y es más que un cuñado. Quizá sea una cuestión de tiempo: después de todo, el presidente del Gobierno se ha privatizado a sí mismo al venderle su gestión a la banca alemana. Él mismo lo proclamó en sede parlamentaria: no soy más que un mandado.