La jueza ordena el ingreso en prisión de cuatro detenidos en el Caso de los ERE
Mercedes Alaya envía a la cárcel sin fianza a dos exdirectivos de la mediadora Vitalia y al cuñado del 'conseguidor' de los ERETambién dictamina el ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 50.000 euros, de uno de los presuntos testaferros
La juez Alaya ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro detenidos /EFE
La juez Mercedes Alaya, que investiga los
expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la
Junta de Andalucía, ha ordenado este sábado el ingreso en prisión
provisional de los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María
Vaqué, así como de Ismael Sierra, cuñado del 'conseguidor' de los ERE y
exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
La magistrada de
Instrucción número 6 de Sevilla llegó a los juzgados sobre las 16,00
horas de este viernes y ha permanecido en su despacho hasta poco antes
de las 16,00 horas del sábado, cuando se ha comunicado el auto de
ingreso en prisión a los detenidos, destacando que el cuñado de Juan
Lanzas podrá eludir la prisión previo pago de una fianza de 50.000
euros, según han informado a los periodistas fuentes del caso.
Asimismo, la juez Alaya ha ordenado el ingreso en la cárcel de Eduardo
Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las "empresas
pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito
financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a
pólizas de prejubilaciones vinculadas con ERE financiados por la Junta,
que también podrá abandonar la prisión si paga una fianza de 50.000
euros.
Los cuatro se han limitado a ratificar la
declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil, aunque el excoordinador de Vitalia Eduardo
Pascual, cuya declaración finalizó a las 9,00 horas, ha querido hacer
una serie de matizaciones a la misma en una comparecencia en la que le
ha llegado a espetar a la juez: "si usted piensa que esto es algo para
coger dinero, dígame dónde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a
estos señores de Andalucía", dejando claro que su patrimonio no se ha
incrementado en los últimos años.
Durante su
declaración, ha señalado también que hasta el año 2005 el 66 por ciento
del volumen de negocio de Vitalia en España correspondía con Andalucía,
pero a partir de ese año "se invirtió la tendencia" y la cifra bajó al
34 por ciento. La juez le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita,
malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la
Hacienda Pública, los mismos delitos que imputa a María Vaqué, que fue
directora general y administradora de Vitalia.
Posible "exceso en el tiempo de detención"
Tras conocer el auto de prisión, el abogado de Eduardo Pascual, José
María Calero, ha atendido a los periodistas para señalar que recurrirán
la decisión de la magistrada y que, al mismo tiempo, "estudiarán si ha
existido un exceso en el tiempo de detención", pues entiende que se han
superado las 72 horas máximas previstas legalmente entre que se produjo
la detención y que la juez le ha notificado el auto de ingreso en
prisión.
En este sentido, ha defendido que "todo
apunta a que la operación fue realizada por la UCO y dirigida por el
Juzgado", por lo que se trataría de una detención judicial y se habrían
superado las 72 horas previstas por la Ley, aunque fuentes jurídicas
consultadas por Europa Press han defendido que se trata de una detención
policial, por lo que una vez puesto a disposición de la juez, ésta
cuenta con otras 72 horas para decidir si lo deja en libertad o lo manda
a prisión.
De su lado, el letrado del cuñado de Juan
Lanzas, José Luis León, ha dicho desconocer si podrán hacer frente a la
fianza de 50.000 euros impuesta a su cliente, a quien la juez imputa
delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos,
contra la Hacienda Pública y asociación ilícita.
Nueva jornada de 24 horas
Durante la maratoniana jornada, que ha durado 24 horas, comparecieron
ante la juez ocho de los 22 detenidos por el Instituto Armado, de los
que cuatro han ingresado en prisión y el resto han quedado en libertad
con cargos, entre ellos María José Marcos, la esposa del exdirector
general de Vitalia Antonio Albarracín, y José González Torrent, hijo del
que fuera administrador de Uniter José González Mata, también imputado
en la causa.
También han quedado en libertad con
cargos Roser Masa, administradora de Fortia, y Gregorio M.P., amigo del
que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía Francisco Javier Guerrero.
Aunque no fueron
detenidos dentro de esta operación, también comparecieron este viernes
ante la juez, en calidad de imputados, Juan Francisco Trujillo, exchófer
de Guerrero, y Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas, quienes quedaron
también en libertad con cargos.
A los cuatro
detenidos que han ingresado en prisión, hay que sumar los casos de
Guerrero, Lanzas y Albarracín, que comparecieron como imputados ante la
juez y que también fueron enviados a prisión sin fianza.
La juez tiene previsto tomar declaración este próximo lunes al abogado
Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y al propio González Mata,
ambos imputados en la causa.
Por otro lado, la juez
Alaya ha dejado en libertad sin fianza, tras así solicitarlo la Fiscalía
Anticorrupción, al presunto 'testaferro' de los ERE Juan Francisco
Algarín, quien permanecía en la cárcel de Sevilla-I desde el pasado día
15 de enero.
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