documental pone rostro a la ley que excluye de la Sanidad a los sin papeles

Un documental pone rostro a la ley que excluye de la Sanidad a los sin papeles

MADRID // Graciela es argentina y tiene un cáncer de mama con metástasis. Su única alternativa son los cuidados paliativos para reducir el dolor con el que la enfermedad le tortura. Y eso tiene un coste: 1.600 euros mensuales. Antes de la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 que excluye a los inmigrantes en situación irregular del acceso a la sanidad “universal” pagaba 70 euros. “No me permito más sentirme culpable por estar enferma”, afirma amarga en presencia de su marido, quien recurre al argumento de que ellos también participan del pago de la Sanidad a través de los impuestos indirectos. Ella es uno de los tres testimonios del documental Cuanto ganamos, cuanto perdemos. Crónica de la exclusión sanitaria en España. El documental, que se estrena el próximo domingo en el marco del Festival de Cine Documental y Derechos Humanos Artículo 31 organizado por Médicos del Mundo, ha sido concebido como un “viaje en el intento de comprender el por qué de esta ley”, explica el médico Javier Arcos, director del mismo. “Pensamos que debíamos investigar dejando al margen los prejuicios y tratando de averiguar si había algo bueno en esa decisión que excluye a entre 150.000 y 500.000 inmigrantes“, asegura Arcos. El producto final son 72 minutos de historias entrelazadas. Las vivencias de los inmigrantes en situación administrativa irregular se combinan con voces autorizadas que tratan de acercarse a la Ley de 20 de abril “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud“, aprobada el 1 de septiembre de 2012. Para ello, Javier Arcos y su compañero Javier Jarillo entrevistaron desde el pasado verano a 21 especialistas. Entre ellos se encuentran Juan Gérvas (Doctor en Medicina y Profesor de las facultades de medicina John Hopkins, UNED, UAM y Universidad de Valladolid), Josep Basora. (Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), Mª Ángeles Neira (Subdirectora de Hospitales Comunidad de Madrid entre 2010-2012), la ex ministra Trinidad Jiménez y el portavoz de Izquierda Plural en el congreso, Gaspar Llamazares. Los inmigrantes van un 30% menos al hospital Además de explicar la decisión política desde las consecuencias que ha generado en los afectados, el documental aporta datos que avalan la hipótesis de que dejar de atender inmigrantes en situación irregular, “además de injusto, no es rentable ni va a producir ningún ahorro económico“, explica el Arcos. De hecho, en el largometraje se dice que, según un Estudio del Fondo de Investigación Sanitario, “los inmigrantes procedentes de países de renta baja acuden un 30% menos al hospital y su consumo en fármacos es casi cinco veces inferior a la población autóctona”. Y dispara directamente a otro de los manidos argumentos en los que se sustenta la justificación de este Real Decreto Ley: el colapso de los servicios sanitarios de urgencia. El documental argumenta: “El supuesto abuso de las urgencias hospitaliarias atribuido a este colectivo también ha sido desmentido, pues su uso es inferior al de los ciudadanos españoles”. Como Arcos pone de relieve, al tratar el tema de la relación entre la inmigración y la sanidad universal se suele obviar un porcentaje de enfermos, los crónicos. Julio es un cubano que pasa de los 60 años y que acumula tres dolencias crónicas, entre ellas hipertensión y claudicación intermitente. Este músico callejero no tiene acceso a la medicación. Su médico le seguía atendiendo en contra de la Ley, pero en cuanto cambió de ciudad, a Alicante, para intentar obtener más recursos mediante la música, ningún médico lo atendió. Tras el trabajo y la investigación, el médico recuerda la pregunta que originó todo el proyecto. “Después de todo, sigo sin entender qué mueve esta decisión, no he logrado entenderlo”, asegura Arcos.
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