Webs, blogs y diarios digitales afloran la lista de políticos que tendrán que devolver lo robado por cobrar de empresas de energía
Greenpeace ha pedido la expulsión de todos los políticos de las empresas energéticas. Y es que los “eficientes” cerebros económicos del PP, PSOE CiU y PNV, con la complicidad y el silencio de los demás partidos, en esto coinciden: No es casualidad que numerosos políticos estén o hayan estado a sueldo de las empresas energéticas paraestatales, pese a la ley de incompatibilidades. Y mientras los hogares españoles de clases medias y trabajadoras se afanan en ahorrar luz y han vuelto incluso las velas y los fríos en invierno, la energía solar y el autoconsumo sigue siendo penalizado en el país más soleado de Europa. Iberdrola, Endesa, Hidrocantábrico (HC), Repsol y Red Eléctrica Española (REE) son las empresas favorecidas que cuentan además con un adalid de alto rango: el ministro Soria que, aunque parezca mentira, pretende llevar las extracciones petrolíferas hasta su calorífica Canarias natal. La codicia no tiene límite a costa de la inmensa mayoría de los ciudadanos y esta es la lista de los políticos que tendrán que devolver lo robado por cobrar de empresas reguladas desde el Estado al que antes ellos pertenecían.
La campaña de Greenpeace “¡Fuera políticos de las eléctricas!” ha puesto al descubierto algo que numerosas webs, blogs y diarios digitales españoles llevan denunciando desde hace años: es imposible aprovechar las energías alternativas,tan abundantes en España, cuando los políticos impiden su desarrollo porque cobran de las eléctricas. Resultado: el país con la energía más cara, el más dependiente del exterior y el de mayor número de políticos por metro cuadrado de Europa
La lista de estos políticos, que se benefician o han acumulado una fortuna gracias a una legislación permisiva sobre incompatibilidades que realizan sus propios compañeros de partido, es interminable: José María Aznar(200.000 euros en Endesa (PP), Felipe González (126.000 euros en Gas Natural (PSOE), Miquel Roca (684.000 euros en Endesa (CiU), Ana de Palacio (Hidrocantábrico (PP), Pío Cabanillas (Endesa (PP), Javier Solana (Endesa PSOE),Carmen Becerril (Endesa (PP), Pedro Solbes (250.000 euros, Endesa (PSOE), Luis de Guindos (684.000 euros en Endesa (PP), José Folgado (REE, 159.000 euros (PP),Miguel Boyer (REE, 95.000 euros (PSOE), Elena Salgado(Endesa, 70.000 euros (PSOE), Angeles Amador (REE, PSOE), Luis Carlos Croissier (Repsol, PSOE), José Luis Olivas (Iberdrola, PP), Josu Jon Imaz (Petronor, PNV),Nemesio Fernandez Cuesta (Repsol, PP), Rodolfo Martín Villa (Endesa, PP), Martínez Noval (HC, PSOE). Y la nómina aún no se ha cerrado, estando abierta a nuevos “descubrimientos” de lectores, blogueros y periodistas.
“España podría pagar la mitad de su factura energética solo con su energía solar, pero Iberdrola es el gran jefe de los partidos políticos en España. Todos ellos favorecen a esta empresa con su legislación y los particulares ya no pueden instalar placas solares, los penalizan con impuestos y trabas administrativas por culpa del cambio introducido en la ley”. Quien así se expresa lo hace desde una modesta instaladora de placas solares, que ha tenido que realizar despidos de trabajadores muy cualificados pese al prometedor futuro que le esperaba. En España, ni energía solar ni carriles-bici como transporte alternativo, pues los políticos, que después pasan a engrosar como ejecutivos las millonarias nóminas de las empresas eléctricas, prefieren arruinar al país antes que abandonar sus privilegios.
En Alemania la instalación de paneles solares domésticos reduce hasta un 50% el consumo de energía, pero aquí Iberdrola impide esta práctica y ha formado un poderoso “lobby” con Endesa, Hidrocantábrico y otras grandes del sector. Las grandes empresas, que han encontrado a su gran valedor en el ministro de Industria, José Manuel Soria, quieren mantener el estatus quo: seguir importando el 80% de la energía, gastar el 5% del PIB en gas y petróleo, pagar entre 45.000 y 50.000 millones de euros anuales y lastrar las energías alternativas para hacerlas inviables.
Cuando Mariano Rajoy puso a Soria al frente de este ministerio sabía bien lo que hacía. Y la industria lo felicitó por ello: España ha abandonado la Agencia Internacional de Energías Renovables y ha votado en contra de la directiva europea de Eficiencia Energética, siendo el país europeo que más necesita estas alternativas por su enorme déficit y que posee más recursos naturales de sol, viento y agua que el resto de la UE. La situación se extiende ya no solo por las empresas de energía que están reguladas por los Gobiernos, sino que ha arraigado en telecomunicaciones, transporte, banca etc… Las quejas ciudadanas se multiplican en internet y proliferan en blogs de especialistas que no dan crédito a lo que está ocurriendo.
Desde paginas medioambientales como lasenergias.com oenergía y aire, diarios digitales como lamarea.com operiodismohumano, periódicos oficiales como Expansión oIntereconomía, webs exitosas como la del idealista.com, blogueros como jumanisolar o Sagara y otras webs procedentes de la sociedad civil como Contra la impunidad no se cansan de denunciar esta situación tan anómala legal y políticamente y han proporcionado esta lista de cargos públicos que se aprovechan de la experiencia en sus cargos de representación para acumular riquezas en beneficio propio y a costa del contribuyente. Algún día un nuevo Parlamento compuesto por representantes honrados y elegidos democráticamente regulará esta prohibición de ejercer como directivo de empresas energéticas a quienes antes las han regulado con su voto. Y obligará a todos los responsables a devolver hasta el último céntimo del saqueo perpetrado, haciendo públicas las nóminas pasadas y presentes de las empresas reguladas por los Gobiernos del actual régimen de partidos, conocido como “la casta”. Greenpeace puso la primera piedra, numerosos ciudadanos la siguieron y ahora es abrumadora la mayoría social, salvo en el Congreso y el Senado, que exige desde internet acabar con esta situación, clave en el hundimiento laboral y económico de España.
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