Marcha contra la impunidad financiera, contra la estafa hipotecaria y por el derecho a la vivienda.
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La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Madrid junto con otros colectivos, convocamos una gran marcha ciudadana a través del siguiente manifiesto:
Los principales responsables de la crisis se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras.
Desde el estallido de la crisis centenares miles de millones de euros públicos han sido destinados al rescate de las entidades financieras, mientras sus propietarios han tomado constantes decisiones con el objetivo de incrementar su capital y enriquecerse aún más a costa de los derechos fundamentales de las grandes mayorías sociales. Los poderes públicos han cargado la factura de las entidades financieras al conjunto de la población en forma de salvajes recortes sociales y en privatización de bienes colectivos. Se están recortando servicios públicos tan básicos que limitan nuestro derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, y se han ensañado con los sectores más vulnerables: personas pensionistas, paradas, precarias, dependientes, jóvenes, mujeres, migrantes.
Además, centenares de miles de viviendas están siendo acumuladas por las entidades financieras en clamorosa comisión del delito consistente en acaparar un bien de primera necesidad con la finalidad de alterar artificialmente el precio de las cosas.
Catrocientas mil ejecuciones hipotecarias han sido realizadas desde que estalló la crisis. Las hipotecas basura fueron creadas por las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria. La comercialización de hipotecas se ha mostrado altamente perjudicial y ha seguido una práctica generalizada que no podemos denominar nada más que como una estafa sistemática. Las entidades financieras engañaron acerca de los verdaderos riesgos que corrían las personas al firmar una hipoteca. Comercializaron productos financieros altamente tóxicos con el dramático resultado de centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, desahucios y deudas perpetuas, basados en una norma declarada ilegal por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. La estafa hipotecaria y las ejecuciones hipotecarias masivas tienen gravísimas consecuencias para las personas que se han concretado en una violación sistemática de los derechos humanos.
La sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos y administrativos de la no trasposición a la normativa española de la Directiva Europea 93-13 en grave perjuicio para los deudores habitacionales con el resultado de centenares de miles de ejecuciones y desahucios ilegales realizadas por los Tribunales a instancia de las entidades financieras. Cientos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos exigen se depuren responsabilidades. La actividad del capital financiero ha sido criminalmente responsable de la situación actual mientras resulta clamorosa la inacción de los poderes públicos – Ministerio del interior, Fiscalía y Judicatura – o más allá, sus actuaciones en defensa directa de sus intereses. Criminalizando, por contra, la práctica política de resistencia de los colectivos que se oponen a esta actividad especulativa.
Después de la recogida de más de un 1.400.000 firmas, las Cortes han consumado el rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular que planteaba la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. A pesar de todo, la mayoría de la sociedad sigue apoyando las propuestas contenidas en la ILP. Hicimos una propuesta de mínimos, una propuesta de emergencia social, y la rechazaron.
Ante este recorte de derechos y de libertades hacemos una llamada al conjunto de la sociedad civil a ponerse en marcha contra la estafa hipotecaria y la impunidad financiera. La lucha continua. No vamos a permanecer parad@s.
Seguimos adelante, Subimos las apuestas, por el derecho a la vivienda para tod@s, contra la impunidad financiera y contra la estafa hipotecaria.
Los principales responsables de la crisis se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras.
Desde el estallido de la crisis centenares miles de millones de euros públicos han sido destinados al rescate de las entidades financieras, mientras sus propietarios han tomado constantes decisiones con el objetivo de incrementar su capital y enriquecerse aún más a costa de los derechos fundamentales de las grandes mayorías sociales. Los poderes públicos han cargado la factura de las entidades financieras al conjunto de la población en forma de salvajes recortes sociales y en privatización de bienes colectivos. Se están recortando servicios públicos tan básicos que limitan nuestro derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, y se han ensañado con los sectores más vulnerables: personas pensionistas, paradas, precarias, dependientes, jóvenes, mujeres, migrantes.
Además, centenares de miles de viviendas están siendo acumuladas por las entidades financieras en clamorosa comisión del delito consistente en acaparar un bien de primera necesidad con la finalidad de alterar artificialmente el precio de las cosas.
Catrocientas mil ejecuciones hipotecarias han sido realizadas desde que estalló la crisis. Las hipotecas basura fueron creadas por las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria. La comercialización de hipotecas se ha mostrado altamente perjudicial y ha seguido una práctica generalizada que no podemos denominar nada más que como una estafa sistemática. Las entidades financieras engañaron acerca de los verdaderos riesgos que corrían las personas al firmar una hipoteca. Comercializaron productos financieros altamente tóxicos con el dramático resultado de centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, desahucios y deudas perpetuas, basados en una norma declarada ilegal por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. La estafa hipotecaria y las ejecuciones hipotecarias masivas tienen gravísimas consecuencias para las personas que se han concretado en una violación sistemática de los derechos humanos.
La sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos y administrativos de la no trasposición a la normativa española de la Directiva Europea 93-13 en grave perjuicio para los deudores habitacionales con el resultado de centenares de miles de ejecuciones y desahucios ilegales realizadas por los Tribunales a instancia de las entidades financieras. Cientos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos exigen se depuren responsabilidades. La actividad del capital financiero ha sido criminalmente responsable de la situación actual mientras resulta clamorosa la inacción de los poderes públicos – Ministerio del interior, Fiscalía y Judicatura – o más allá, sus actuaciones en defensa directa de sus intereses. Criminalizando, por contra, la práctica política de resistencia de los colectivos que se oponen a esta actividad especulativa.
Después de la recogida de más de un 1.400.000 firmas, las Cortes han consumado el rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular que planteaba la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. A pesar de todo, la mayoría de la sociedad sigue apoyando las propuestas contenidas en la ILP. Hicimos una propuesta de mínimos, una propuesta de emergencia social, y la rechazaron.
Ante este recorte de derechos y de libertades hacemos una llamada al conjunto de la sociedad civil a ponerse en marcha contra la estafa hipotecaria y la impunidad financiera. La lucha continua. No vamos a permanecer parad@s.
Seguimos adelante, Subimos las apuestas, por el derecho a la vivienda para tod@s, contra la impunidad financiera y contra la estafa hipotecaria.
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