LA LEY ACTUAL CONDENA LOS GASTOS DEL EXMINISTRO

Blanco aprovechó un vacío legal para que el PSOE pagara las obras de su chalé

El exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE José Blanco ha admitido que financió parte de las obras de reforma de su chalé de lujo en Las Rozas con dinero procedente del Ministerio del Interior, destinado a garantizar la seguridad de los partidos políticos y de sus cargos electos. Blanco ha aportado facturas pagadas por el PSOE con fondos procedentes de Interior por valor de 100.000 euros al Tribunal Supremo, que le mantiene imputado por su presunta relación con el caso Campeón, una trama corrupta que implica a empresarios y cargos políticos. El Alto Tribunal le atribuye los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El entorno de Blanco ha defendido la corrección del pago porque los fondos de Interior se destinaron a la instalación de medidas de seguridad en su vivienda. Las formaciones reciben desde 2003 fondos de Interior para financiar los gastos derivadas de su seguridad. La partida la introdujo la Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo de 2003 que impulsó una amplia batería de medidas para tratar de garantizar la seguridad de los concejales. La norma, que fue pactada por PP y PSOE, modificó la Ley Orgánica 3/1987 de Financiación de los Partidos Políticos añadiendo a las subvenciones ordinarias ayudas adicionales para protección. “Igualmente, podrá incluirse en los Presupuestos Generales del Estado una asignación anual para sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional”, afirma dicha ley su artículo 3 una vez refundido.
Pero la norma, sin embargo, no especificó qué conceptos o gastos eran subvencionables por Interior. Y tampoco abordó esta cuestión la nueva ley de financiación de partidos de 2007. De hecho, este asunto no quedó clarificado hasta el Real Decreto 1306 aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
Conceptos subvencionables
En el capítulo tercero de esa disposición, se detallan de forma pormenorizada los gastos de seguridad que son susceptibles de recibir una subvención. En concreto, para la protección de los partidos políticos (artículo 7), se considera financiable el coste del “personal de seguridad” y el “acondicionamiento, instalación y mantenimiento de la seguridad de las sedes”. En cuanto a la seguridad de los cargos de los formaciones (artículo 8), el Real Decreto admite el pago del “personal de escolta” y de los “vehículos blindados, inhibidores de señales y GPS para los vehículos, y auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos”. Cualquier otro concepto queda excluido de la financiación pública.
Blanco ha aportado facturas pagadas por el PSOE con fondos procedentes de Interior por valor de 100.000 euros al Tribunal Supremo, que le mantiene imputado 
Los gastos abonados por Interior en el caso de Blanco, destinados a sufragar las obras de reforma de la vivienda que adquirió en 2006 en una exclusiva urbanización de Las Rozas, no encajan en ninguno de los supuestos mencionados por el Real Decreto 1306/2011. Con estos criterios, sólo habrían sido admisibles si los socialistas hubieran trasladado su sede a la vivienda particular de Blanco, algo que no ha ocurrido.
Pero la ausencia de normas específicas en el momento en que presuntamente se realizaron los trabajos en el chalé, 2006 y 2007 –años en los que el ministro del Interior era el actual secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba-, favorece el argumento exculpatorio que el ex vicesecretario general del PSOE ha presentado ante el Tribunal Supremo.
Aprobación del Tribunal de Cuentas
De hecho, tanto en 2006 como en 2007 el Tribunal de Cuentas dio por buenas las facturas presentadas por el PSOE para justificar la subvención correspondiente a los gastos de seguridad. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, integrada por diputados y senadores, tampoco detectó ninguna anomalía. Así, en la auditoría correspondiente a 2006, ejercicio en el que PSOE ingresó ayudas públicas para gastos de seguridad por valor de 1.224.651 euros, el Tribunal de Cuentas asegura que “el importe total de la subvención ha sido adecuadamente justificado, según se deduce de los gastos de seguridad declarados por el partido, no quedando, por tanto remanente pendiente de justificar”.
El órgano fiscalizador utilizó la misma fórmula tras examinar las cuentas correspondientes a 2007, el otro año en el que según el propio Blanco realizó obras en su casa que luego fueron pagadas con fondos de Interior. El Tribunal de Cuentas consideró que el PSOE había acreditado correctamente el dinero entregado que le había sido transferido para su seguridad, una ayuda que en ese ejercicio ascendió a 1.310.500 euros.
Modificaciones legales
Con todo, en años posteriores, el Tribunal de Cuentas reclamó al poder legislativo que regulara adecuadamente los gastos de seguridad para poder fiscalizar correctamente las ayudas concedidas por Interior para este capítulo, ante la avalancha de facturas dudosamente justificables. El resultado de esta petición continuada es el Real Decreto 1306/2011, donde por fin quedó delimitado el destino de los fondos públicos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía considera sin embargo que las obras de reforma pudieron ser abonadas por una empresa de construcción, vinculada también con el caso Campeón, a cambio de favores políticos. En un principio, Blanco aseguró que el importe de las facturas ascendía a 68.000 euros y que fueron pagadas por él, una versión que despertó las sospechas de la Udef, que consideró demasiada baja la cuantía. Finalmente, esta semana, el diputado socialista por la provincia de Lugo ha tenido que reconocer que los gastos ascendieron en realidad a 170.000 euros y que, de esta cantidad, 100.000 euros fueron aportados por el PSOE con parte de la subvención de Interior para gastos de seguridad de los partidos.

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