El juez Ruz imputa al extesorero Ángel Sanchís por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado al extesorero de Alianza Popular, Ángel Sanchís, por un supuesto delito de blanqueo de capitales dentro de la investigación de los papeles de Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción había pedido a Ruz que imputara al expolítico y empresario que llevó las cuentas de AP entre 1982 y 1987. Al parecer, habría colaborado con Luis Bárcenas para el blanqueo de capitales. Tendrá que declarar el próximo 10 de abril.

La fiscalía entiende que Sanchís hizo gestiones para ayudar a Bárcenas a ocultar sus fondos en Suiza, una vez que se conoció que estaba siendo investigado. El juez  reconoce que hay nuevos indicios de relevancia para la investigación, procedentes de las propias declaraciones de Bárcenas y de su testaferro, Iván Yáñez, así como de la información suministrada por las autoridades de Estados Unidos, que documentan las transferencias desde Suiza a dos sociedades vinculadas con Bárcenas.

El magistrado explica que el acusado, conociendo la investigación seguida contra Bárcenas, contactó con los gestores de éste último en sus cuentas en el país helvético y cooperó en la ocultación de sus fondos a través de la sociedad Brixco. Ruz también ha ampliado la comisión rogatoria cursada a Estados Unidos para realizar una serie de bloqueos de las cuentas vinculadas a Bárcenas y a otra del presunto cabecilla de la trama Francisco Correa.

Sanchís fue tesorero de Alianza Popular hasta 1987, año en el que fue sustituido porRosendo Naseiro. Ambos, junto al concejal del PP del Ayuntamiento de ValenciaÁngel Palop, y el empresario José Balaguer, fueron juzgados y absueltos en 1992 del delito de financiación ilegal del partido, después de que el juez ordenase la destrucción de unas cintas que contenían conversaciones entre ellos por haberse obtenido ilegalmente. Tras Sanchís ocuparon los cargos de tesorero ya en el Partido Popular Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, ambos imputados por Ruz.

Un latifundio en Argentina

Antes de cesar en sus funciones como tesorero del Partido Popular, el empresario Angel Sanchís llevaba tiempo cultivando el principio de una gran fortuna. En 1978, el dirigente español adquirió una estancia de más de 30.000 hectáreas en la provincia de Salta, que bajo el nombre de La Moraleja ha convertido en uno de lasmayores productoras mundial de limones (Ver álbum). Un negocio agrícola en el que según la prensa extranjera participa Luis Bárcenas, el cuestionado gerente de los populares hasta hace dos años y ahora bajo sospecha por su vinculación en Gürtel y por la gestión de una caja b al frente de las cuentas de Génova.

El extesorero fue dando forma a su gran latifundio argentino, donde siembra 15.000 hectáreas de maíz, soja y otros cereales, además de invernaderos para hortalizas y frutas, con especial relevancia de los cítricos, como limones y pomelos, en temporada llega a procesar hasta 1.000 toneladas diarias, que exporta al mercado europeo aprovechando las diferencias estacionales. La dimensión industrial del proyecto ha hecho que los inversores españoles gocen de interlocución política al más alto nivel, tanto con los responsables regionales como con el propio gobierno de la Casa Rosada.

Durante todos estos años, la finca de La Moraleja, gestionada por su hijo Angel, ha permitido trabar importantes negocios a la familia Sanchís, como tener un contrato con Coca Cola como proveedor de jugo de limón para sus bebidas, y abanderar algunas inversiones de gran calado, como la creación de una planta de etanol para dar salida a sus excedentes de maíz. Los intereses internacionales de la familia van de Argentina llegan a Brasil, hasta donde se extiende su negocio de maderas nobles tropicales muy resistentes y duraderas utilizadas tanto para la decoración y como para la fabricación de muebles, concepto por el que son proveedores de esta materia prima al gigante sueco IKEA.

Para su gestación a lo largo del tiempo, Sanchís consiguió líneas de financiación pública a pesar de haber estado acusado de cohecho por su implicación en el caso Naseiro. Tuvo que ser en 1997, un año después de la llegada del PP al poder, partido en el que volvió a ser admitido como militante, cuando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) otorgó para esta finca familiar un crédito de 18 millones de euros, dinero cuya posterior devolución se vio también salpicada de polémica y terminó en los juzgados argentinos. Más de una década después, esta familia originaria de Albal (Valencia), administra una huerta de 300 kilómetros cuadrado que riega con 7.000 kilómetros de tuberías.

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