La jueza Alaya desmantela de un plumazo la rama catalana de los ERE andaluces y deja en evidencia a Ruz
La magistrada de Sevilla encarcela al expresidente de Eurobank,
Eduado Pascual, y a su principal colaboradora en el expolio de la
entidad catalana, María Vaqué
La acusación particular en el procedimiento que sigue el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional viene pidiendo que se vincule ambos casos desde hace un año
Corrupción transversal
Ruz, un juez progresista miembro de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, en realidad debe abandonar su puesto en la Audiencia Nacional el próximo mes de septiembre, cuando se disuelva el actual CGPJ y ocupe la plaza el magistrado Miguel Carmona, que obtuvo la plaza en propiedad, aunque es posible que el relevo se retrase hasta noviembre.
De Garzón heredó sumarios especialmente peliagudos como el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, la trama Gürtel, que ha ido volviendo a su juzgado desde los distintos tribunales superiores en los que estaba repartido o el caso Eurobank.
Aunque ha logrado rebajar la atención que concentra su juzgado, la irrupción de Luis Bárcenas y su fortuna suiza en los últimos meses le ha colocado en el ojo del huracán. Ha interrogado en diversas ocasiones al extesorero del PP y ha hecho gala de una paciencia y de un talante memorables, a pesar de la actitud provocadora y prepotente del extesorero popular. El volumen de trabajo de Ruz es significativo y no parece entusiasmado por tener que defender la competencia de su juzgado en los denominados papeles de Bárcenas.
Antes de tomar la decisión de no declarar más ante Ruz, Bárcenas nunca tuvo que dar explicación alguna sobre la financiación del PP, porque ni el magistrado ni ninguna de las partes personadas le preguntaron por ello. Sobre su fortuna personal dio algunas explicaciones peregrinas, como su éxito en el mercado del arte –sólo pudo acreditar ventas de obras por 90.000 euros-, su sagacidad en la Bolsa, o el cobro de comisiones de Eurobank por la venta del 15% del capital de la entidad. Aunque los accionistas minoritarios ya han pedido cuentas a Ruz por esa afirmación, desde el entorno del extesorero aseguran que se trata de una entidad portorriqueña con el mismo nombre pero sin relación alguna con el banco que presidió Eduardo Pascual.
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La acusación particular en el procedimiento que sigue el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional viene pidiendo que se vincule ambos casos desde hace un año
La magistrada Mercedes Alaya, responsable de la investigación del caso del los ERE fraudulentos en Andalucía./ Efe
Tras seis meses de baja, la titular del juzgado de
instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha regresado a su
puesto con energías renovadas. El pasado miércoles 20 de marzo dio curso
a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
para detener a 22 personas en relación con el escándalo de los ERE
fraudulentos de la Junta de Andalucía.
A pesar de que
la jueza ha afeado en sus autos judiciales la actuación de la Junta de
Andalucía, el Gobierno que preside el también presidente del PSOE, José
Antonio Griñán, ha alabado la labor de Alaya en su intento de evitar que
se dilate el proceso y que algunas de las pruebas intervenidas por la
Guardia Civil el pasado miércoles se desvirtúen.
Pero
Alaya fue aún mucho más lejos, al judicializar la investigación que la
Guardia Civil inició en 2011 sobre las empresas aseguradoras que se
beneficiaron de los ERE fraudulentos, esencialmente Vitalia y el grupo
de aseguradoras vinculado al desaparecido banco catalán Eurobank,
controlado por el oscuro financiero Eduardo Pascual Arxé, y cuya quiebra
investiga el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional
ocupado, desde que Baltasar Garzón fuera inhabilitado, por el juez Pablo
Ruz. El mismo sábado 23 Alaya ordenó el ingreso en prisión de Pascual y
de su principal colaboradora, María Vaqué, por recibir comisiones de
los ERE fraudulentos, a través de la aseguradora Vitalia.
Ruz se encuentra en las últimas semanas en el centro de la polémica por
su enfrentamiento con el titular del juzgado número 3 de la Audiencia
Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que, tras admitir a trámite una
querella de IU contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros,
se considera competente para investigar la financiación del partido del
Gobierno. Competencia que se atribuye también Ruz, por el hecho de ser
el instructor de l caso Gürtel.
En la batalla, sin embargo, y a pesar de que es más que evidente que el Gobierno quiere que los papeles de Bárcenas sean
investigados por Ruz –el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para pedir que el
caso quede en manos del sustituto de Garzón–, Alaya ha dejado en
evidencia al titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional. Porque ya en junio de 2012, los accionistas de Eurobank le
pidieron que investigara las actividades de Pascual y de su aseguradora
Vitalia, que heredaron buena parte de las actividades de Eurobank, con
los más de 13 millones de euros que, según la acusación particular,
expoliaron de la entidad catalana. Y el escrito, en realidad, no era más
que un recordatorio de una petición realizada ya en 2007, sobre la
necesidad de investigar el grupo de empresas de Eduardo Pascual.
Corrupción transversal
A la vista de los miembros de los consejos de administración de algunas
de esas empresas, Pascual lleva años intentando convertir sus
tribulaciones judiciales en una cuestión transversal. Cuando la jueza
Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó
un par de días en desvincularse públicamente de la compañía para afirmar
que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron
tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia
Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas
compañías acababan por asegurar las prestaciones económicas de las
personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de
regulación de empleo aplicados en el mercado de abastos de la capital
andaluza.
En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el magistrado, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP,
bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón,
Francisco Marhuenda, o al portavoz del PP en el Congreso, Vicente
Martínez-Pujalte, como su hermano Jesús.
La operación
impulsada por Alaya se ha saldado, de momento, con el ingreso en
prisión de siete personas. Varias de ellas no eran sorpresa alguna, a la
luz del informe elaborado por los propios técnicos de la UCO, que
cifran el dinero desviado de la partida de la Junta de Andalucía para
expedientes de regulación de empleo en 50 millones de euros: el
exdirector general de la Junta, Javier Guerrero, que ya había pasado
siete meses en prisión por haber autorizado la salida de los fondos, y
el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas. Mucho más sorprendente ha
resultado el encarcelamiento de Pascual y de su mano derecha, María Vaqué.
Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas
descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE)
promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida
presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo,
rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el
antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos
años, la segunda de las instituciones habría librado directamente cerca
de 648 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas
en crisis, con cargo a la partida 31L, fórmula ajena a la Ley autonómica
de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización
administrativa, siempre según la investigación.
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la
presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de ayudas
directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del
PSOE.
¿De qué Eurobank cobró Bárcenas?
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su fortuna suiza están amargando los últimos meses de Pablo Ruz como titular provisional del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en sustitución del inhabilitado Baltasar Garzón. Fue la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la que encargó a este joven magistrado (37 años) de Collado Villalba que sustituyera a Garzón en junio de 2010. Entre otras cosas porque se trata de un magistrado con un perfil especialmente discreto y porque ya había realizado labores de apoyo en la Audiencia Nacional y había sustituido al Juan del Olmo.Ruz, un juez progresista miembro de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, en realidad debe abandonar su puesto en la Audiencia Nacional el próximo mes de septiembre, cuando se disuelva el actual CGPJ y ocupe la plaza el magistrado Miguel Carmona, que obtuvo la plaza en propiedad, aunque es posible que el relevo se retrase hasta noviembre.
De Garzón heredó sumarios especialmente peliagudos como el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, la trama Gürtel, que ha ido volviendo a su juzgado desde los distintos tribunales superiores en los que estaba repartido o el caso Eurobank.
Aunque ha logrado rebajar la atención que concentra su juzgado, la irrupción de Luis Bárcenas y su fortuna suiza en los últimos meses le ha colocado en el ojo del huracán. Ha interrogado en diversas ocasiones al extesorero del PP y ha hecho gala de una paciencia y de un talante memorables, a pesar de la actitud provocadora y prepotente del extesorero popular. El volumen de trabajo de Ruz es significativo y no parece entusiasmado por tener que defender la competencia de su juzgado en los denominados papeles de Bárcenas.
Antes de tomar la decisión de no declarar más ante Ruz, Bárcenas nunca tuvo que dar explicación alguna sobre la financiación del PP, porque ni el magistrado ni ninguna de las partes personadas le preguntaron por ello. Sobre su fortuna personal dio algunas explicaciones peregrinas, como su éxito en el mercado del arte –sólo pudo acreditar ventas de obras por 90.000 euros-, su sagacidad en la Bolsa, o el cobro de comisiones de Eurobank por la venta del 15% del capital de la entidad. Aunque los accionistas minoritarios ya han pedido cuentas a Ruz por esa afirmación, desde el entorno del extesorero aseguran que se trata de una entidad portorriqueña con el mismo nombre pero sin relación alguna con el banco que presidió Eduardo Pascual.
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