España endurece la prejubilación para aligerar las pensiones
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"Y ya la magnifica Noticia a nuestros Mayores, a quienes debemos tanto, por lo que lucharon, trabajaron y en un pis-pas alegremente les están robando"
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MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del costoso sistema de pensiones, mediante el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y parciales y el fomento de la continuación de la vida laboral más allá de la edad legal de retiro.
La nueva reforma endurece también el cobro del subsidio del desempleo por parte de los mayores de 55 años, al tener en cuenta la renta de toda la unidad familiar para poder optar al mismo, y penaliza los despidos colectivos en grandes empresas que afecten sobre todo a mayores de 50 años.
Con este real decreto-ley que puede afectar particularmente a los bancos en proceso de saneamiento o a grandes compañías en restructuración-, España pretende ahorrar unos 4.500 millones de euros al año una vez que estén plenamente en vigor todas sus medidas, lo que no sucederá hasta 2027, cuando la edad legal de jubilación se situará en 67 años.
"Hoy las jubilaciones anticipadas y las jubilaciones parciales suponen un coste anual para el sistema de más de 9.000 millones de euros y está previsto que cuando esté en vigor esta medida suponga un ahorro de casi un 50 por ciento de esta cantidad anualmente", dijo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Quienes se jubilan de forma anticipada cobran de media una pensión de 1.413 euros, frente a los 1.206 euros de quienes se mantienen en el mercado laboral hasta los 65 años o más.
Con esta reforma, el Ejecutivo quiere reducir las tensiones provocadas por la crisis económica en las cuentas de la Seguridad Social ante el descenso del número de trabajadores cotizantes y el envejecimiento de la población.
La Seguridad Social cerró 2012 con un déficit de 10.131 millones de euros, el 0,96 por ciento del Producto Interior Bruto, frente al equilibrio previsto inicialmente.
El pago de pensiones supone alrededor de un 10 por ciento del PIB español, y ese peso podría subir en más de 3,5 puntos hasta el año 2060 en caso de no implementar reformas, dijo Báñez.
Los principales sindicatos del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, criticaron en un comunicado conjunto el decreto aprobado por el Gobierno, al que acusaron de burlar el diálogo social y el Pacto de Toledo, el marco donde los partidos políticos debaten la situación de las pensiones. Continuación... en reuters
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