Junta afirma que Andalucía "necesita con absoluta urgencia" la aprobación de la ILP de "mínimos" sobre la dación en pago
Amanda Meyer defiende el "modelo alternativo" del Ejecutivo andaluz, que demuestra que "se pueden cambiar las cosas"
La secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, ha
advertido este miércoles de que Andalucía necesita "con absoluta
urgencia" la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "de
mínimos" para regular la dación en pago y contra los desahucios, de los
que se producen 45 al día en la comunidad autónoma andaluza.
"El Gobierno de España, por voz de su presidente, Mariano Rajoy, ha
vuelto a manifestarse hoy en contra de la dación en pago, anteponiendo
de nuevo los intereses de los bancos, ya regados con cantidades
multimillonarias de dinero sin contrapartida alguna, y de los mercados a
los intereses de las familias, sometidas a continuos recortes y a una
reforma laboral que está disparando las cifras de paro", ha lamentado
Meyer, que ha recordado que en Andalucía han perdido ya su vivienda unas
80.000 personas desde el inicio de la crisis.
"La
dación en pago no puede esperar, no valen paños calientes ni excusas",
ha señalado, en una nota, la secretaria general de Vivienda de la Junta
de Andalucía.
Meyer ha lamentado el "cinismo" de
Rajoy al señalar que la dación en pago o la suspensión de los desahucios
"podría dañar sin remedio el acceso futuro de todas las familias a los
préstamos". "¿Es que el señor Rajoy no sabe que el acceso al crédito de
las familias y de las pequeñas y medianas empresas ya está dañado y es
el propio Gobierno quien no pone remedio?", se ha preguntado Meyer, que
ha atribuido la posición de Rajoy a su "sumisión a la troika y a unos
mercados financieros insaciables".
La secretaria
general de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda ha recordado
que todas las medidas del Gobierno de España hasta la fecha "han dejado a
las familias al albur de la supuesta buena fe de las entidades
financieras, a las que no se somete a ninguna exigencia".
"Tanto la decimonónica Ley hipotecaria como la Ley de Enjuiciamiento
Civil consagran un sistema injusto a todas luces y que permite la
vulneración permanente del derecho humano a la vivienda, tal y como ha
puesto de relieve la propia relatora de la ONU", ha añadido Meyer.
La secretaria general de Vivienda ha expresado su "confianza" en que la
sentencia que previsiblemente se conocerá este jueves del Tribunal
Superior de Justicia de la Unión Europea "retrate" definitivamente la
legislación española sobre desahucios. "El dictamen de la abogada
general del Tribunal, Julian Kokott, ya señala que la ley española viola
la directiva que protege al consumidor de productos hipotecarios.
Esperamos una sentencia en consonancia con ese dictamen, de forma que
queden en evidencia los sucesivos gobiernos que han permitido esta
legislación", ha señalado.
De esta manera, Meyer ha
defendido el "modelo alternativo" que suponen las políticas de vivienda
de la Consejería de Fomento y Vivienda. "Aquí, ante situaciones
urgentes, estamos adoptando medidas urgentes", ha dicho, refiriéndose a
"la paralización de todos los desahucios en las más de 80.000 viviendas
del parque público de la Junta en caso de empobrecimiento sobrevenido o a
las oficinas contra los desahucios del Programa Andaluz en Defensa de
la Vivienda, que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento
han logrado evitar un millar de desalojos".
Meyer
también ha destacado que la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales trabaja en una ley de protección de
consumidores de productos hipotecarios, que permitirá "establecer
garantías" para los ciudadanos que firmen hipotecas y evitar así "nuevos
abusos" de las entidades financieras.
"Frente a los
desahucios, sí se pueden cambiar las cosas, aunque el Gobierno de España
predique la resignación y el fatalismo", ha afirmado Meyer, que ha
recordado que tanto ella misma como la consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés, firmaron la ILP contra los desahucios por ser "una medida
útil, aunque no suficiente, para mitigar esta sangría social". "
"La movilización ciudadana ya obligó al Gobierno central a admitir a
trámite esta ILP en contra de su voluntad. Sólo los colectivos sociales y
la ciudadanía movilizada serán capaces de forzar su aprobación", ha
concluido.
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