LEEDLO HASTA EL FINAL Y DIFUNDIDLO POR FAVOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA, NUESTRO FUTURO ESTÁ EN JUEGO. QUE LA GENTE SE ENTERE
El tema de las tasas judiciales tiene su miga, y buena parte de ella no la
están
explicando en los medios. Voy a tratar de hacer algunas
puntualizaciones con las que es posible que ayuden a entender alguna
reacciones de todas las partes implicadas.
En
primer lugar, el tema de las tasas como tal es secundario, no es más
que una cortina de humo lanzada por Gallardón con dos objetivos, por una
parte, emplearlo de globo sonda para medir su fuerza y la cohesión del
sector de la Justicia, de cara a las reformas que sí le interesan y que
son la segunda razón, en medio de este ruido, la reforma de la LEJC y de
la Ley del Poder Judicial. Si ve que se le echa todo el mundo encima y
la movilización es masiva, dejará correr el tema y esperará mejor
ocasión, si ve que no hay una respuesta sólida, seguirá adelante, tanto
con esto como con lo que de verdad está cociendo este impresentable.
La
reacción de cabreo total de los jueces y secretarios judiciales está
totalmente justificada, lo mismo que de los abogados, durante el proceso
de redacción, se mantuvieron reuniones con los órganos de gobierno de
la judicatura y las asociaciones profesionales, en dichas reuniones se
les informó que las nuevas tasas serían, y cito textual: "algo
testimonial, sobre unos 50 o 60 € de incremento", lo cual en principio a
todos los colectivos les pareció algo asumible. Y luego se encuentran
con las salvajadas de tasas de la 10/2012.
El
cabronazo la publica el 20 de Noviembre, cuando juraron por activa y
por pasiva que hasta 2013 no entraría en vigor, forzando a los despachos
a meter por Decanato a todo correr cuanta demanda y querella tenían
pendiente, los Juzgados entre el pasado día 15 y el 20 han sido un
manicomio. Como se le ha echado encima todo quisqui, rebaja la tensión
dejando en suspenso las tasas "por problemas de implantación técnica"
(ni hay formularios, ni están en el sistema, ni los funcionarios tienen
los procedimientos ni manera de implantarlas en el Minerva), en esto
nunca se comenten estos errores, a menos que haya orden desde arriba de
hacerlo así, de este modo, el Gallardón se autofabrica un vacatio legis,
que queda a su entera voluntad, mientras va viendo la reacción de la
Justicia a esto. ¿Chapuza? no, perfectamente planificado.
Los
objetivos de verdad, que se van cociendo poco a poco a puerta cerrada,
son las reformas anteriormente mencionadas, de las posturas que se están
planteando, las tasas judiciales son el menor de los problemas a los
que se va a enfrentar el ciudadano. Entre otros, son los siguientes:
-
Despojar al Juez Instructor de toda competencia, dejando en manos de
Fiscalía todas las diligencias de los sumarios. ¿Qué significa?, pues
que el sumario pasa de controlarlo un señor que, en teoría, es
independiente, a uno que está regido por el principio de Obediencia
Jerárquica, y cuyo jefe supremo es, ¡oh, sorpresa!, el Ministro de
Justicia.
-
Sustituir el Principio de Legalidad, que preside nuestro Derecho, por
el de Oportunidad. La diferencia radica en que el primero, de manera
sencilla, obliga a perseguir de oficio todo hecho que revista indicios
de criminalidad, mientras que el segundo se basa en la economía de
medios, o sea, se persigue...si compensa, o si interesa. Como le gusta
decir a cierto Fiscal Jefe: "hay que considerar las circunstancias
particulares del caso..." que viene a decir que, dependiendo de quien
sea el posible imputado y posteriormente procesado y condenado, se
investiga, o se deja pasar, me debes un favor de los grandes, y ya te lo
cobraré.
-
Otro asunto que tienen entre manos es cambiar el sistema actual del
Turno de Oficio, pasando a licitar por concurso público dicho servicio,
esto supone de facto la ruina para miles de abogados, puesto que
solamente los grandes despachos podrán reunir las condiciones para optar
a semejantes concursos. El negocio es evidente, ganas el concurso y con
él, 40.000 horas de servicios por Juzgado, contratas un call center en
Panamá, para putear a los pringaos de los clientes, y luego subcontratas
todo a los mismos abogados que llevaban antes el Turno, pero a precios
malayos. Tú te forras, los que te dieron el concurso, también, y el
Ministro, al terminar su periplo, de socio honorario de por vida.
-
Finalmente, la guinda la quieren poner con los jueces de distrito, pero
para ello primero tienen que colapsar totalmente la Justicia para poder
justificarlo. Básicamente son jueces nombrados a dedo por vía política,
es parecido al Cuarto Turno, pero a lo cutre salchichero, ya los Jueces
del CT y los fiscales sustitutos suelen ser una panda de mantas
paduanas, en el caso de los de distrito, imaginaros jueces y fiscales
nombrados a dedo por el político de turno.
Todo
esto es lo que tiene en mente el Gallardón, pero no por iniciativa
propia, estas medidas cuentan con el entusiasta apoyo de la clase
política, porque suponen el fin definitivo a sus problemas judiciales, y
tener con la correa bien atada al único poder que les puede hacer
frente.
A armarse de paciencia, que esto va a ser duro. ________________________________
Interesante y triste
Un
resumen rápido, conciso y claro de la actualidad. Por si alguien no
está enterado: Como sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de
código penal.
Algunas de esas reformas en 6 puntos:
1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito.
Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
2.
Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal bancaria
para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis meses de prisión.
3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito.
Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.
4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no es delito.
Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de prisión.
5. Que los políticos agredan con sus reformas a miles de personas no es delito.
Que una persona agreda a un político: Hasta seis años de prisión.
6. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito.
Convocar manifestaciones para protestar por ello: Hasta un año de prisión.
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