La ALBA creará observatorio para luchar contra abusos de transnacionales
Delegados de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y San Vicente y las Granadinas, miembros de la ALBA, así como República Dominicana, aprobaron el pasado 23 de abril la creación del observatorio, cuyo principal objetivo será dar cuenta del estado de los litigios internacionales sobre inversiones entre naciones y multinacionales, según una declaración.
Asimismo, se resolvió que el observatorio "proponga mecanismos para la reforma de las instancias arbitrales" en las que se dirimen esos casos.
En el encuentro participaron el secretario general de la ALBA, Rodolfo Sanz, el canciller de Venezuela, Elías Jaua, su par ecuatoriano, Ricardo Patiño, ministros de los otros países miembro y el vicepresidente electo de Ecuador, Jorge Glas.
La ALBA apoyó la creación de "instancias regionales para la solución de controversias en materia de inversiones" como alternativa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, un proyecto que ya está en marcha en el marco de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
En marzo pasado, Ecuador inició el proceso para poner fin a un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, a raíz de fallos judiciales en su contra por demandas de las petroleras Oxy y Chevron.
El gobierno del presidente Rafael Correa, que en mayo próximo iniciará un segundo mandato de cuatro años, ya dio por terminados acuerdos similares con Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suecia desde septiembre de 2009.
Por su parte, Venezuela es el país que más demandas en curso tiene en el CIADI, de firmas extranjeras que exigen indemnizaciones por las nacionalizaciones de sus activos decretadas en 2007 por el gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Caracas denunció al CIADI en enero de 2012 y su salida se hizo efectiva el 25 de julio de ese año, aunque los casos pendientes siguen su curso.
La ALBA es un bloque de naciones con discurso antiestadounidense creado a instancias de Chávez.
La Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) decidió crear un mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional interpuestos por trasnacionales contra países latinoamericanos.
Esa es una de las principales conclusiones de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Trasnacionales, convocada por la ALBA y que se celebró hoy en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
"Desde hoy nace un nuevo mecanismo de defensa y colaboración en asuntos de inversiones y trasnacionales", aseguró el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al resumir la cita en la que participaron representantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, y Venezuela.
Además de esos países que forman la ALBA, también acudieron delegados de Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Uruguay.
El secretario ejecutivo de la ALBA, el venezolano Rodolfo Sanz, y también el canciller de ese país, Elías Jaua, participaron en la reunión.
En una declaración firmada por los países de la ALBA, y que será puesta a consideración de los gobiernos de los otros seis países, los participantes en la cita de Guayaquil resolvieron constituir un Comité Ejecutivo de la Conferencia.
Ese organismo estará encargado de "diseñar y ejecutar acciones de apoyo mutuo en los ámbitos político y jurídico" a los países de la región que se vean inmersos en controversias arbitrales con trasnacionales.
También deberá "coordinar la defensa conjunta de acciones jurídicas a través de equipos legales internacionales de expertos y abogados profesionales", así como "diseñar estrategias de comunicación, como contrapeso a las campañas globales emprendidas por las compañías trasnacionales".
Ecuador, en un primer momento, se encargará de la coordinación del Comité, que deberá reunirse en un máximo de cuatro semanas en la capital venezolana, según señala el texto de la Declaración.
También se creará un "Observatorio Internacional" financiado con aportes de los países que formen parte de la Conferencia, encargado de apoyar a los Estados demandados y difundir públicamente la situación de los litigios.
Dicho organismo de investigación también deberá identificar procedimientos que permitan "auditar, evaluar, monitorear" la "acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones".
Un grupo de especialistas de Ecuador, República Dominicana y Venezuela deberán presentar una propuesta, en menos de tres meses, para la creación de dicho organismo, sostiene la resolución.
En la cita de la ALBA también se apoyó el proyecto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para constituir su propia corte de arbitraje para casos de comercio e inversiones, como una alternativa a los actuales sistemas arbitrales.
Ese tribunal de Unasur estaría listo este mismo año, si es aprobado en la reunión de cancilleres de la Unión que se celebrará en julio próximo.
Además, en la cita de Guayaquil se resolvió que la II Conferencia de Estados Afectados por Intereses Trasnacionales se efectué en Venezuela en unos tres meses.
En la Conferencia, la experta uruguaya Cecilia Olivet, recordó que América Latina es la región con la mayor cantidad de procesos arbitrales en su contra.
Según ella, Argentina, Venezuela, Ecuador, México y Bolivia acaparan el 27 por ciento del total de casos en el mundo.
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