TIENES 8 VECES MÁS PROBABILIDADES DE MORIR A MANOS DE UN POLICÍA QUE DE UN TERRORISTA
"Servidores públicos", los llaman. Pero, ... ¿servidores de quién?
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2017740/0/sup-sindicato-policia/entrevista/interior-corrupcion/#xtor=AD-15&xts=467263
Mi abuelo decía; "Teta y Sopa no cabe en la Boca"
o estamos con el Pueblo o con estos farsantes de gobernantes que se han vendido al mejor postor.
La Policía no es Tonta; Sigue el rastro del dinero y descubrirás quien se benefició del Crimen...
EL SUP "Sindicato Unificado de Policia Denuncia;El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que si dependiera de los dirigentes del ministerio del Interior muchos casos de corrupción no se conocerían, y acusa al Ejecutivo de utilizar a la Policía como pantalla para que los problemas del país acaben en uno de orden público. En una entrevista con Efe, el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía, José María Benito, repasa los principales asuntos que afectan al cuerpo y a la política de Interior, entre ellos el terrorismo, y reprocha al Gobierno que intente meter en la cárcel a policías mientras saca a la calle a presos de ETA. Respecto a la lucha policial contra la corrupción, Benito afirma que el Gobierno ha querido "politizar" y "dirigir" la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, que en tan solo dos años ha cambiado cuatro veces de titular. "Que en dos años haya habido cuatro comisarios al frente de la Policía Judicial lo dice todo", dice Benito tras recordar que este órgano policial es el encargado de investigar casos de corrupción como la trama Gürtel, el caso Bárcenas o el ático de Ignacio González. Afortunadamente, añade el portavoz sindical, en estos casos la Policía depende de jueces y fiscales, porque "si dependiera de quienes la dirigen o del Ministerio, muchos casos no los conoceríamos". Sobre ETA, el portavoz del SUP opina que el Gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo "a rajatabla" la hora de ruta de sus antecesores en el Ejecutivo, y reprocha a los actuales inquilinos de Moncloa que quieran meter en la cárcel a policías (como los del denominado caso Faisán) mientras "sacan terroristas a la calle". También considera que se ha aplicado "con una celeridad incomprensible" la sentencia de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot, sin haber pedido aclaraciones a la Corte Europea y sin cumplir el compromiso del Gobierno de que "no habría una excarcelación masiva". Tapar el debate de la Parot con los violadores Y para "tapar" las críticas de las víctimas o de sindicatos como el SUP, añade Benito, el Ejecutivo ha querido "centrar" el debate en los violadores que también se beneficiaron del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Se ha querido tapar una cosa con la otra, lo que es repugnante", apostilla. Benito afirma que la banda "se está saliendo con la suya", está ya en las instituciones y conseguirá el acercamiento de sus presos y, en un siguiente paso, la puesta en libertad de los reclusos. Las leyes de Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada recortan derechos a los ciudadanos, según el SUP El SUP ha aludido también a las futuras leyes de Seguridad Ciudadana y Seguridad Privada, dos proyectos, a su juicio, "innecesarias" y que no se pueden justificar en las "cuatro manifestaciones violentas que hay en España o en la necesidad de imitar a otros países europeos con más vigilantes privados pero más inseguros que España". Para Benito, ambas iniciativas de Interior recortan derechos a los ciudadanos y a la seguridad pública, y dan más prioridad a las empresas privadas, cuyo objetivo es obtener beneficios. La intención es "distraer" la atención de los verdaderos problemas de España, como el paro, los desahucios o la corrupción, ya que no hay una demanda social que exija mayores cotas de seguridad, subraya. Benito vaticina problemas competenciales y de inseguridad jurídica con las atribuciones que la futura ley de Seguridad Privada otorga a los vigilantes, y rechaza la pretensión del texto todavía en trámite de que las fuerzas de seguridad del Estado puedan ceder datos a esas empresas privadas. Sí apoya en cambio la regulación de las identificaciones policiales en la calle, que tendrán que estar perfectamente justificadas, garantizando la seguridad jurídica de policías y ciudadanos. De todos modos, Benito considera que la seguridad privada puede "convivir perfectamente" con la pública, pero lo que no debe hacerse es "quitar espacios a una para dárselo a la otra". Como ejemplo, cita los 13 millones de euros que se gastará Interior en la protección exterior de las cárceles por parte de agentes privados. Benito cree que Interior se ha dedicado a "improvisar" con leyes "polémicas e innecesarias" en lugar de organizar el "caótico" modelo policial. Además, augura carencias importantes de agentes en los próximos años, ya que se perderán 10.000 policías en cuatro años debido a las jubilaciones y la falta de oferta pública de empleo, a lo que se unirá un material viejo y problemas de combustible para los vehículos. Mientras tanto, Interior adquirirá un camión lanza agua para los antidisturbios por 408.000 euros, que la Unidad de Intervención Policial (UIP) no había pedido, señala Benito.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2017740/0/sup-sindicato-policia/entrevista/interior-corrupcion/#xtor=AD-15&xts=467263
El terrorismo en los últimos años se convirtió en una agenda política, particularmente en el gobierno de Bush, pero también continuado por Obama (ahora con el ciberterror) y en muchos otros países. Un interesante post publicado por Jim Harper en el sitio del Cato Institute hace referencia a una interesante reflexión: “el miedo al terrorismo nos hace estúpidos” y comparte una serie de datos que hace pensar que este temor es más bien ridículo.
Reportes estadísticos del National Safety Council, el National Center for Health Statistics y el Censo de Estados Unidos revelan datos que nos hacen cuestionar la cultura del pánico y la enorme cantidad de recursos que se distribuyen para supuestamente acabar con el terrorismo, una amenaza invisible y a fin de cuentas bastante poco letal en comparación con otros problemas que enfrenta el hombre moderno. Aquí algunas cifras, entre ellas, la escandalizante realidad de que es más probable que la misma policía sea la que determine la muerte de un ciudadano, que un terrorista:
La vida es juego, debe pensar este manifestante.
-Tienes 17,600 veces más probabilidades de morir de un ataque al corazón, que de un ataque terrorista.
-Tienes 11 mil veces más probabilidades de morir en un accidente aéreo, que de un ataque terrorista que involucre un avión.
-Tienes 1,048 veces más probabilidades de morir en un accidente de auto, que en un ataque terrorista.
-Tienes 9 veces más probabilidades de morir de asfixia accidental en tu cama, que de un ataque terrorista.
-Tienes 8 veces más probabilidades de morir a manos de un policía, que de un terrorista.
-Tienes 6 veces más probabilidades de morir a consecuencia de un clima cálido, que de un ataque terrorista.
Las cifras anteriores nos hacen reflexionar sobre lo absurdo que es preocuparse pof sufrir un ataque terrorista y toda la ridícula maquinaria propagandística en torno a esta amenaza.
El último informe de la organización destaca que organizaciones de derechos humanos condenaron a España por la falta de investigaciones sobre las denuncias de tortura
Esteban Beltrán, director de la ONG, reclama acuerdos entre los principales partidos para que el acceso a la vivienda sea un derecho
Policías detienen a uno de los manifestantes de la protesta del 25-A. EFE
Amnistía Internacional, a través de su último informe, ha detectado un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones durante 2012. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hubo frecuentes denuncias contra la Policía Nacional por malos tratos al dispersar las manifestaciones pero, en general, estas denuncias no prosperaron debido a que los agentes no llevaban la placa que les identifica en el momento de los hechos.
Tribunales y organismos de derechos humanos reconocieron estas formas de abuso. En el documento, la organización detalla casos como el de Ángela Jaramillo, quien en la manifestación del 4 de agosto de 2011 en Madrid, necesitó tratamiento médico tras ser golpeada repetidamente por los agentes. El juzgado de Madrid decidió no admitir la denuncia presentada por Ángela al no ser posible la identificación del policía que le golpeó.
O el caso de la periodista Paloma Aznar, que resultó herida por el impacto de una bala de goma cuando cubría las manifestaciones de los mineros en Madrid el 11 de julio. Aznar, ataviada con su acreditación,denunció que los agentes, además de no llevar ningún elemento de identificación visible, dispararon los proyectiles de goma directamente a la multitud.
Derecho a la vivienda
Otros de los aspectos que aborda el informe son los relativos a los desahucios y el derecho a la vivienda. Durante el año pasado, el Ejecutivo aprobó varias reformas legislativas en relación a esta materia sin evaluar qué repercusiones tendrían en los sectores más vulnerables de la población.
Este miércoles, en la presentación del documento, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha reclamado un acuerdo entre PP y PSOE para cambiar la Constitución con el objetivo de que el acceso a una vivienda adecuada sea considerado derecho fundamental. Beltrán ha explicado que en España queda registrado "como principio rector, pero no como derecho fundamental" y que durante la democracia no se ha aceptado nunca el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional de alguien que reclame un derecho a una vivienda adecuada, algo que define como una situación de "indefensión".
Como refleja el informe, en junio del año pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por la continua ejecución de desalojos forzosos que se daba en España. Este Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera unas directrices antes de proceder a un desahucio.
Entre los ejemplos, Amnistía Internacional destaca el desalojo de 300 personas en un asentamiento en Puerta del Hierro (Madrid), sin que las autoridades les proporcionaran un alojamiento adecuado alternativo.
Refugiados, inmigrantes, racismo y discriminación
En el pasado mes de abril, y tras la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, que reformaba la Ley de Extranjería, se limitó el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios públicos de salud.
Además, en agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que España fue responsable de discriminación, malos tratos al detener, de forma arbitraria, a un ciudadano marroquí. Al parecer, cinco agentes de policía lo sometieron a insultos racistas y lo golpearon en varias ocasiones. El departamento médico del centro de detención constató múltiples hematomas y recomendó su traslado a un hospital. Finalmente no se hizo así, ni tampoco se elaboró un informe médico, denuncia AI.
Por otra parte, el informe señala los obstáculos a los que se enfrentaron la comunidad musulmana y otras minorías religiosas para obtener los permisos de apertura de lugares de culto en algunos municipios de Cataluña. Unido a eso, varias escuelas restringieron el uso de prendas y símbolos religiosos en los centros, afectando sobre todo a las alumnas musulmanas, detecta el documento.
Un juzgado de Madrid ratificó la decisión tomada por un centro público de enseñanza secundaria de Pozuelo de Alarcón de excluir a una alumna por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo.
Ante estos hechos, las ONG locales denunciaron los abusos continuados a estos colectivos.
Delitos de derecho internacional
A pesar de que España ha ratificado la Convención de la ONU contra las desapariciones forzosas, en la legislación nacional se seguía incumpliendo el derecho internacional.
El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo absolvió al exjuez Baltasar Garzón de abuso de autoridad al poner en marcha en 2008 una investigación sobre la desaparición forzosa de 114.266 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. A pesar del fallo absolutorio, el Tribunal concluyó que Garzón había interpretado erróneamente la ley al considerar que los hechos ocurridos eran crímenes contra la humanidad, según este documento.
Existen dos tipos de personas: las que se sienten seguras con mayor presencia policial, guardias jurados, redadas arbitrarias, cámaras de vigilancia, alarmas y alambradas; y luego existen las personas a las que ese tipo de despliegues, muy al contrario, les produce una sensación de inseguridad, de amenaza constante. En Reino Unido los policías raramente portan armas. Tampoco en la República de Irlanda, ni en Nueva Zelanda ni en Noruega. La policía de Islandia mató el día 3 de diciembre a una persona, era la primera vez que ocurría desde la creación de ese cuerpo de seguridad, en 1778.
No es casualidad que, en general, las sociedades más cohesionadas, en las que sus ciudadanos disfrutan de más derechos sociales, sean precisamente las más alejadas de la idea de ‘Estado policial’.
El concepto de seguridad que tradicionalmente se ha utilizado en España es, sin embargo, el más reduccionista. Y lo ha sido tanto en política interior como exterior. Consiste en reducirlo todo a una mera actividad policial o militar. Un ejemplo: los programas de armamento en España, según datos de El País, suman 30.000 millones de euros. De hecho, el verano pasado el Gobierno aprobó un crédito extraordinario de más de 877 millones de euros para armamento. El año anterior hizo lo mismo por valor de 1.782 millones. Idéntica mentalidad es la que motiva que el Ministerio del Interior decida gastar 500.000 euros en un camión para lanzar agua a presión sobre manifestantes.
Ese concepto de seguridad es el que lleva a ver la intervención militar o policial como el único recurso para solucionar un conflicto. Por supuesto, entender así las cosas es especialmente beneficioso para cualquier agenda totalitaria, y para las industrias armamentística y petrolera. También es rentable políticamente. Es populismo puro y duro: atrae al electorado con ideas más primarias y esquemáticas.
Va en interés del capitalismo salvaje el que cunda la noción de que el único concepto de seguridad es el militarista o policial. Sin embargo la auténtica seguridad es algo muy distinto. En su obra Una teoría sobre la motivación humana, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow concibió en 1943 su famosa ‘pirámide’ en la que clasificó el grado de importancia de las necesidades del ser humano. La seguridad ocupaba la segunda franja (sólo por detrás de necesidades como la respiración, la alimentación, el descanso o el sexo); pero el concepto de seguridad de Maslow se refería a la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada.
Nuestro Gobierno, como tantos otros de corte reaccionario y pulsión totalitaria, no duda en aplicar políticas que desprecian un concepto amplio de seguridad: seguridad jurídica, laboral, personal, social, medioambiental… Cuanto más se descuidan estas parcelas de la seguridad, más aumenta la exclusión social y, por tanto, más aumenta la conflictividad y, en algunos casos, la delincuencia. Ése es precisamente el efecto buscado: crear situaciones en las que el recurso a la fuerza (es decir, al concepto de seguridad militarista o policial) parezca la única ‘solución’. Es la forma en la que el ultraliberalismo expresa su pesimismo esencial, su alma represiva, su clasismo intrínseco, su pobre concepto del ser humano y de la dignidad inherente a toda persona.
Lo mismo sucede a escala internacional. Existen miles de medidas preventivas que podrían evitar guerras y actos terroristas. Medidas como disminuir la dependencia de combustibles fósiles, garantizar el acceso al agua potable en los países empobrecidos, fomentar la educación, la redistribución de la riqueza y, en general, mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. En lugar de eso, la respuesta internacional pasa o bien por la desidia (desentenderse de conflictos que no afecten a sus intereses económicos) o bien por intervenciones militares que enquistan los problemas y generan mayor inseguridad. Irak es sólo un ejemplo.
En esa óptica se explica que nuestro Gobierno aumente las partidas de gasto en armamento y recorte tanto los fondos para políticas que garanticen la cohesión social, como también el presupuesto destinado a cooperación y desarrollo. La acción humanitaria de España en el exterior lleva un hachazo acumulado de más del 80% desde 2011, señaló en octubre la ONG Ayuda en Acción. Ahora mismo la cifra destinada a cooperación es de 2.000 millones de euros, un tijeretazo del 9,2% respecto al año anterior. Nótese el desequilibrio: 2.000 en cooperación internacional frente a 30.000 millones en armamento. Son vasos comunicantes: cuando se recorta en lo primero se acabará viendo ‘necesario’ aumentar el gasto en lo segundo.
Pero que nadie se llame a engaño: cuando nos dicen que hacen lo que hacen “por nuestra seguridad” en realidad lo hacen por la seguridad (económica) de unos pocos. Porque las auténticas fuerzas de seguridad no son otras que los médicos, los maestros, los trabajadores sociales, los mediadores, los cooperantes… Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país, y también la de los seres humanos del resto del mundo, no es ya una cuestión de justicia social, de ética ni de altruismo. Es una cuestión de simple inteligencia, de lo que los filósofos llaman ‘egoísmo ilustrado’. No hay que ser una lumbrera ni un santo para darse cuenta de que cuanto mejor vivan nuestros vecinos (desde el más próximo al más lejano) más seguros estaremos nosotros. Pero claro, los que gobiernan no son precisamente lumbreras, ni mucho menos santos.
Toño Fraguas
(Fuente: http://www.lamarea.com/)
Reportes estadísticos del National Safety Council, el National Center for Health Statistics y el Censo de Estados Unidos revelan datos que nos hacen cuestionar la cultura del pánico y la enorme cantidad de recursos que se distribuyen para supuestamente acabar con el terrorismo, una amenaza invisible y a fin de cuentas bastante poco letal en comparación con otros problemas que enfrenta el hombre moderno. Aquí algunas cifras, entre ellas, la escandalizante realidad de que es más probable que la misma policía sea la que determine la muerte de un ciudadano, que un terrorista:
-Tienes 17,600 veces más probabilidades de morir de un ataque al corazón, que de un ataque terrorista.
-Tienes 11 mil veces más probabilidades de morir en un accidente aéreo, que de un ataque terrorista que involucre un avión.
-Tienes 1,048 veces más probabilidades de morir en un accidente de auto, que en un ataque terrorista.
-Tienes 9 veces más probabilidades de morir de asfixia accidental en tu cama, que de un ataque terrorista.
-Tienes 8 veces más probabilidades de morir a manos de un policía, que de un terrorista.
-Tienes 6 veces más probabilidades de morir a consecuencia de un clima cálido, que de un ataque terrorista.
Las cifras anteriores nos hacen reflexionar sobre lo absurdo que es preocuparse pof sufrir un ataque terrorista y toda la ridícula maquinaria propagandística en torno a esta amenaza.
¿como se ha de tratar a un ser humano?
"El Sindicato de la Policía Denuncia Abusos de Miembros Policiales"
"El Sindicato de la Policía Denuncia Abusos de Miembros Policiales"
Amnistía Internacional detecta un excesivo uso de la fuerza policial en las manifestaciones en 2012
El último informe de la organización destaca que organizaciones de derechos humanos condenaron a España por la falta de investigaciones sobre las denuncias de tortura
Esteban Beltrán, director de la ONG, reclama acuerdos entre los principales partidos para que el acceso a la vivienda sea un derecho
Policías detienen a uno de los manifestantes de la protesta del 25-A. EFE
Amnistía Internacional, a través de su último informe, ha detectado un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones durante 2012. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hubo frecuentes denuncias contra la Policía Nacional por malos tratos al dispersar las manifestaciones pero, en general, estas denuncias no prosperaron debido a que los agentes no llevaban la placa que les identifica en el momento de los hechos.
Tribunales y organismos de derechos humanos reconocieron estas formas de abuso. En el documento, la organización detalla casos como el de Ángela Jaramillo, quien en la manifestación del 4 de agosto de 2011 en Madrid, necesitó tratamiento médico tras ser golpeada repetidamente por los agentes. El juzgado de Madrid decidió no admitir la denuncia presentada por Ángela al no ser posible la identificación del policía que le golpeó.
O el caso de la periodista Paloma Aznar, que resultó herida por el impacto de una bala de goma cuando cubría las manifestaciones de los mineros en Madrid el 11 de julio. Aznar, ataviada con su acreditación,denunció que los agentes, además de no llevar ningún elemento de identificación visible, dispararon los proyectiles de goma directamente a la multitud.
Derecho a la vivienda
Otros de los aspectos que aborda el informe son los relativos a los desahucios y el derecho a la vivienda. Durante el año pasado, el Ejecutivo aprobó varias reformas legislativas en relación a esta materia sin evaluar qué repercusiones tendrían en los sectores más vulnerables de la población.
Este miércoles, en la presentación del documento, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha reclamado un acuerdo entre PP y PSOE para cambiar la Constitución con el objetivo de que el acceso a una vivienda adecuada sea considerado derecho fundamental. Beltrán ha explicado que en España queda registrado "como principio rector, pero no como derecho fundamental" y que durante la democracia no se ha aceptado nunca el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional de alguien que reclame un derecho a una vivienda adecuada, algo que define como una situación de "indefensión".
Como refleja el informe, en junio del año pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por la continua ejecución de desalojos forzosos que se daba en España. Este Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera unas directrices antes de proceder a un desahucio.
Entre los ejemplos, Amnistía Internacional destaca el desalojo de 300 personas en un asentamiento en Puerta del Hierro (Madrid), sin que las autoridades les proporcionaran un alojamiento adecuado alternativo.
Refugiados, inmigrantes, racismo y discriminación
En el pasado mes de abril, y tras la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, que reformaba la Ley de Extranjería, se limitó el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios públicos de salud.
Además, en agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que España fue responsable de discriminación, malos tratos al detener, de forma arbitraria, a un ciudadano marroquí. Al parecer, cinco agentes de policía lo sometieron a insultos racistas y lo golpearon en varias ocasiones. El departamento médico del centro de detención constató múltiples hematomas y recomendó su traslado a un hospital. Finalmente no se hizo así, ni tampoco se elaboró un informe médico, denuncia AI.
Por otra parte, el informe señala los obstáculos a los que se enfrentaron la comunidad musulmana y otras minorías religiosas para obtener los permisos de apertura de lugares de culto en algunos municipios de Cataluña. Unido a eso, varias escuelas restringieron el uso de prendas y símbolos religiosos en los centros, afectando sobre todo a las alumnas musulmanas, detecta el documento.
Un juzgado de Madrid ratificó la decisión tomada por un centro público de enseñanza secundaria de Pozuelo de Alarcón de excluir a una alumna por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo.
Ante estos hechos, las ONG locales denunciaron los abusos continuados a estos colectivos.
Delitos de derecho internacional
A pesar de que España ha ratificado la Convención de la ONU contra las desapariciones forzosas, en la legislación nacional se seguía incumpliendo el derecho internacional.
El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo absolvió al exjuez Baltasar Garzón de abuso de autoridad al poner en marcha en 2008 una investigación sobre la desaparición forzosa de 114.266 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. A pesar del fallo absolutorio, el Tribunal concluyó que Garzón había interpretado erróneamente la ley al considerar que los hechos ocurridos eran crímenes contra la humanidad, según este documento.
No es casualidad que, en general, las sociedades más cohesionadas, en las que sus ciudadanos disfrutan de más derechos sociales, sean precisamente las más alejadas de la idea de ‘Estado policial’.
El concepto de seguridad que tradicionalmente se ha utilizado en España es, sin embargo, el más reduccionista. Y lo ha sido tanto en política interior como exterior. Consiste en reducirlo todo a una mera actividad policial o militar. Un ejemplo: los programas de armamento en España, según datos de El País, suman 30.000 millones de euros. De hecho, el verano pasado el Gobierno aprobó un crédito extraordinario de más de 877 millones de euros para armamento. El año anterior hizo lo mismo por valor de 1.782 millones. Idéntica mentalidad es la que motiva que el Ministerio del Interior decida gastar 500.000 euros en un camión para lanzar agua a presión sobre manifestantes.
Ese concepto de seguridad es el que lleva a ver la intervención militar o policial como el único recurso para solucionar un conflicto. Por supuesto, entender así las cosas es especialmente beneficioso para cualquier agenda totalitaria, y para las industrias armamentística y petrolera. También es rentable políticamente. Es populismo puro y duro: atrae al electorado con ideas más primarias y esquemáticas.
Va en interés del capitalismo salvaje el que cunda la noción de que el único concepto de seguridad es el militarista o policial. Sin embargo la auténtica seguridad es algo muy distinto. En su obra Una teoría sobre la motivación humana, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow concibió en 1943 su famosa ‘pirámide’ en la que clasificó el grado de importancia de las necesidades del ser humano. La seguridad ocupaba la segunda franja (sólo por detrás de necesidades como la respiración, la alimentación, el descanso o el sexo); pero el concepto de seguridad de Maslow se refería a la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada.
Nuestro Gobierno, como tantos otros de corte reaccionario y pulsión totalitaria, no duda en aplicar políticas que desprecian un concepto amplio de seguridad: seguridad jurídica, laboral, personal, social, medioambiental… Cuanto más se descuidan estas parcelas de la seguridad, más aumenta la exclusión social y, por tanto, más aumenta la conflictividad y, en algunos casos, la delincuencia. Ése es precisamente el efecto buscado: crear situaciones en las que el recurso a la fuerza (es decir, al concepto de seguridad militarista o policial) parezca la única ‘solución’. Es la forma en la que el ultraliberalismo expresa su pesimismo esencial, su alma represiva, su clasismo intrínseco, su pobre concepto del ser humano y de la dignidad inherente a toda persona.
Lo mismo sucede a escala internacional. Existen miles de medidas preventivas que podrían evitar guerras y actos terroristas. Medidas como disminuir la dependencia de combustibles fósiles, garantizar el acceso al agua potable en los países empobrecidos, fomentar la educación, la redistribución de la riqueza y, en general, mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. En lugar de eso, la respuesta internacional pasa o bien por la desidia (desentenderse de conflictos que no afecten a sus intereses económicos) o bien por intervenciones militares que enquistan los problemas y generan mayor inseguridad. Irak es sólo un ejemplo.
Pero que nadie se llame a engaño: cuando nos dicen que hacen lo que hacen “por nuestra seguridad” en realidad lo hacen por la seguridad (económica) de unos pocos. Porque las auténticas fuerzas de seguridad no son otras que los médicos, los maestros, los trabajadores sociales, los mediadores, los cooperantes… Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país, y también la de los seres humanos del resto del mundo, no es ya una cuestión de justicia social, de ética ni de altruismo. Es una cuestión de simple inteligencia, de lo que los filósofos llaman ‘egoísmo ilustrado’. No hay que ser una lumbrera ni un santo para darse cuenta de que cuanto mejor vivan nuestros vecinos (desde el más próximo al más lejano) más seguros estaremos nosotros. Pero claro, los que gobiernan no son precisamente lumbreras, ni mucho menos santos.
Toño Fraguas
(Fuente: http://www.lamarea.com/)
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