LIBERTAD DIGITAL, EL ÚLTIMO EN VENDER SUS LICENCIAS
Los medios hacen caja con las TDT concedidas 'gratis' por los gobiernos
El negocio de la televisión es para peces gordos. Sin embargo,
los pequeños y medianos, incapaces de invertir para poner en liza una
parrilla atractiva y sin posibilidad para cubrir siquiera los gastos, han encontrado un camino alternativo para sacar réditos a sus licencias.
Unidad Editorial y Vocento han alquilado todos sus canales. Prisa
(Cuatro) y los dueños de La Sexta vendieron los suyos a cambio de 500
millones y de una golosa participación en Antena 3, respectivamente.
Esta semana, Libertad Digital se desprendía de las frecuencias que le
había otorgado Esperanza Aguirre. “La operación de venta (…) supondrá no sólo la continuidad del grupo, sino su consolidación”, exponía. Un negocio más cerrado a causa de la gracia de la Administración.
Y es que la operación anunciada por el grupo de Federico Jiménez Losantos abre de nuevo el debate sobre la concesión en su día de licencias a grupos que no tenían la capacidad de hacer televisión y, sobre todo, la discusión sobre si estas deberían haber sido devueltas a la Administración pertinente en lugar de comercializarlas. No en vano, y al amparo de la Ley General Audiovisual, muchos han ayudado a crear un floreciente negocio de compra, venta y alquiler. “Lo más gracioso es que hay grupos que tienen consignadas las licencias como activos en sus balances. Y que volverán a poner en marcha canales propios si en algún momento la publicidad acompaña y pueden rentabilizarlos”, explican fuentes del sector.
Una reflexión avalada por datos. Por ejemplo, en las valoraciones que Unidad Editorial efectúa en sus últimas cuentas, concede un valor de 11,7 millones a la licencia de Veo TV. “El grupo ha considerado que la licencia de televisión digital terrestre tiene vida útil indefinida debido a que no existe un límite temporal previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere entrada de flujos netos de efectivo para el grupo, ya que fue concedida en el año 2000 por 10 años, comenzando en 2001, y es renovable –expone la compañía-. En el año 2010 pasó de ser concesión a licencia y es renovable cada 15 años”. La editora de El Mundo dejó de emitir Veo 7 en 2011 y tiene sus cuatro canales arrendados a Discovery, Marca, AXN y 13tv.
Todo impensable sin la colaboración de la Administración y el largo proceso de implantación de la TDT. En el ámbito nacional, el Gobierno presidido por José María Aznar concedió vía concurso allá por el año 2002 dos nuevas licencias de televisión digital a Unidad Editorial (Veo TV) y Vocento (Net TV). Se sumaban a los permisos ya otorgados a las cadenas privadas, que operaban normalmente en analógico. El Gobierno de Zapatero, en plena elaboración de un nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT), respondía tres años después con otro concurso, que suponía la entrada en el juego de un nuevo player: La Sexta. En paralelo, permitía que Canal+ -entonces de pago- emitiera en abierto.
Canales para los ‘amigos’
El Real Decreto 944/2005, que aprobaba el citado Plan Nacional, recogía que cada sociedad concesionaria del servicio público de TDT de ámbito estatal accedería a un múltiple digital –un botín equivalente a cuatro canales de televisión- una vez se produjera el apagón analógico. Esto es, canales a gogó para los ‘amigos’ de unos y otros. Por si fuera poco, el nuevo modelo también trajo concesiones autonómicas. Sin ir más lejos, Libertad Digital recibió cuatro en la Comunidad de Madrid, que lideraba Esperanza Aguirre. Le acompañaron en el reparto el Arzobispado de Madrid, Enrique Cerezo, José Frade, Blas Herrero, El Mundo e Intereconomía. Todo, eso sí, bajo riguroso concurso. La crisis económica –y publicitaria- sólo se ha limitado a sacar a luz la inmensa burbuja generada en el sector.
La ley general audiovisual, aprobada en 2010, dio cancha a estos movimientos al permitir “la celebración de negocios jurídicos” en relación con una licencia de comunicación. Según expone el artículo 29 del texto, la transmisión o arriendo de un canal precisará de autorización previa de la autoridad audiovisual competente, si bien esta “sólo podrá ser denegada cuando el solicitante no acredite el cumplimiento de todas las condiciones legalmente establecidas”. ¿Requisitos? Por ejemplo, que hayan pasado dos años desde la adjudicación o que no se arriende más del 50% de la capacidad de la licencia. Una normativa que, en el mejor de los casos, todos los grupos mediáticos han adaptado a sus necesidades. Sin oposición.
Sólo el Tribunal Supremo ha puesto una piedra en ese camino de relaciones peligrosas entre lo público y lo privado. En una sentencia fechada el pasado 27 de noviembre, el Alto Tribunal se retrotraía a la era Zapatero y declaraba la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, “por el que se asigna un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre del ámbito estatal”. Una decisión que obligaba a los grupos a devolver sus nuevos canales. El Supremo entiende que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad “incontestable e incondicionada” de que dicha asignación hubiera tenido lugar tras la celebración de un concurso. Dice mucho del sector audiovisual español que el Gobierno y las cadenas respondieran a ese fallo sentándose a negociar una solución pactada.
Y es que la operación anunciada por el grupo de Federico Jiménez Losantos abre de nuevo el debate sobre la concesión en su día de licencias a grupos que no tenían la capacidad de hacer televisión y, sobre todo, la discusión sobre si estas deberían haber sido devueltas a la Administración pertinente en lugar de comercializarlas. No en vano, y al amparo de la Ley General Audiovisual, muchos han ayudado a crear un floreciente negocio de compra, venta y alquiler. “Lo más gracioso es que hay grupos que tienen consignadas las licencias como activos en sus balances. Y que volverán a poner en marcha canales propios si en algún momento la publicidad acompaña y pueden rentabilizarlos”, explican fuentes del sector.
Una reflexión avalada por datos. Por ejemplo, en las valoraciones que Unidad Editorial efectúa en sus últimas cuentas, concede un valor de 11,7 millones a la licencia de Veo TV. “El grupo ha considerado que la licencia de televisión digital terrestre tiene vida útil indefinida debido a que no existe un límite temporal previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere entrada de flujos netos de efectivo para el grupo, ya que fue concedida en el año 2000 por 10 años, comenzando en 2001, y es renovable –expone la compañía-. En el año 2010 pasó de ser concesión a licencia y es renovable cada 15 años”. La editora de El Mundo dejó de emitir Veo 7 en 2011 y tiene sus cuatro canales arrendados a Discovery, Marca, AXN y 13tv.
Todo impensable sin la colaboración de la Administración y el largo proceso de implantación de la TDT. En el ámbito nacional, el Gobierno presidido por José María Aznar concedió vía concurso allá por el año 2002 dos nuevas licencias de televisión digital a Unidad Editorial (Veo TV) y Vocento (Net TV). Se sumaban a los permisos ya otorgados a las cadenas privadas, que operaban normalmente en analógico. El Gobierno de Zapatero, en plena elaboración de un nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT), respondía tres años después con otro concurso, que suponía la entrada en el juego de un nuevo player: La Sexta. En paralelo, permitía que Canal+ -entonces de pago- emitiera en abierto.
Canales para los ‘amigos’
El Real Decreto 944/2005, que aprobaba el citado Plan Nacional, recogía que cada sociedad concesionaria del servicio público de TDT de ámbito estatal accedería a un múltiple digital –un botín equivalente a cuatro canales de televisión- una vez se produjera el apagón analógico. Esto es, canales a gogó para los ‘amigos’ de unos y otros. Por si fuera poco, el nuevo modelo también trajo concesiones autonómicas. Sin ir más lejos, Libertad Digital recibió cuatro en la Comunidad de Madrid, que lideraba Esperanza Aguirre. Le acompañaron en el reparto el Arzobispado de Madrid, Enrique Cerezo, José Frade, Blas Herrero, El Mundo e Intereconomía. Todo, eso sí, bajo riguroso concurso. La crisis económica –y publicitaria- sólo se ha limitado a sacar a luz la inmensa burbuja generada en el sector.
La ley general audiovisual, aprobada en 2010, dio cancha a estos movimientos al permitir “la celebración de negocios jurídicos” en relación con una licencia de comunicación. Según expone el artículo 29 del texto, la transmisión o arriendo de un canal precisará de autorización previa de la autoridad audiovisual competente, si bien esta “sólo podrá ser denegada cuando el solicitante no acredite el cumplimiento de todas las condiciones legalmente establecidas”. ¿Requisitos? Por ejemplo, que hayan pasado dos años desde la adjudicación o que no se arriende más del 50% de la capacidad de la licencia. Una normativa que, en el mejor de los casos, todos los grupos mediáticos han adaptado a sus necesidades. Sin oposición.
Sólo el Tribunal Supremo ha puesto una piedra en ese camino de relaciones peligrosas entre lo público y lo privado. En una sentencia fechada el pasado 27 de noviembre, el Alto Tribunal se retrotraía a la era Zapatero y declaraba la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, “por el que se asigna un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre del ámbito estatal”. Una decisión que obligaba a los grupos a devolver sus nuevos canales. El Supremo entiende que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad “incontestable e incondicionada” de que dicha asignación hubiera tenido lugar tras la celebración de un concurso. Dice mucho del sector audiovisual español que el Gobierno y las cadenas respondieran a ese fallo sentándose a negociar una solución pactada.
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