MUEVEN FICHA PARA QUITAR EL CASO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

La Justicia estrecha el cerco sobre las finanzas del PP gracias a una maniobra de la Udef

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que ha llegado el momento de mover ficha y que el caso de los 'papeles de Bárcenas' se judicialice. El magistrado tiene indicios sobre las posibles conexiones entre la presunta ‘contabilidad B’ del Partido Popular y Gürtel. Los suficientes indicios, al menos, como para arrebatar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello con el apoyo de la Policía, que le ha proporcionado las pistas necesarias para armar sus sospechas.

El Ministerio Público, que dirige Eduardo Torres Dulce, optó hace un mes por centralizar desde sus dependencias la investigación sobre las presuntas donaciones al PP y el pago de sobresueldos a varios de sus dirigentes con ese dinero, tal y como aparecen en unos documentos cuyo autor sería el ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Informó a Ruz que no veía conexiones suficientes con el 'caso Gürtel' como para meterlo en el mismo sumario. Iba a encargarse un fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, elegido por el propio Torres Dulce, de averiguar si esos documentos eran reales, de intentar conseguir los originales, de investigar si Bárcenas es el autor y de si son ciertos los apuntes recogidos.
El juez apoyó la decisión de la Fiscalía y dejó el asunto en sus manos. No obstante, matizó que si en el futuro se encontraran conexiones entre ambos asuntos, la contabilidad ilegal del PP quedaría judicializada.

Treinta días después, parece que esas pruebas han aparecido y ha sido gracias a la labor de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef). La semana pasada remitió un informe al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 analizando la información recogida en las comisiones rogatorias suizas sobre las cuentas de Bárcenas en el país helvético y, en el interior del documento, introdujo una nota de dos párrafos que no guardaba coherencia alguna con la línea argumental del texto.
En esas frases informaba a Ruz que, el pasado 14 de diciembre, Bárcenas había acudido al notario con una serie de documentos originales, donde aparecen los ingresos y gastos del dinero obtenido de donaciones al partido entre 1994 y 2009.
Esa “cuenta analítica” refleja “exclusivamente los ingresos obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos”. Bárcenas, según recoge el acta notarial identificada por la Policía, era el responsable del control y la utilización de esos fondos junto al anterior tesorero de la formación, Álvaro Lapuerta. Entregó al notario, según consta en el documento, un soporte documental donde quedan reflejados “con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de fondos”.
Con este nuevo dato encima de la mesa, el instructor decidió tirar del hilo y preguntar el pasado lunes, cuando Bárcenas acudió a declarar en calidad de imputado dentro del caso Gürtel, si era cierto que había acudido al notario para certificar esas donaciones del PP. No sólo lo confirmó sino que le entregó unos documentos donde aparecen unas tablas con donaciones de 1999 a 2007. Eso sí, el papel tiene el logo del partido y consta como fuente de la información el Tribunal de Cuentas.
Anticorrupción levanta el pie del acelerador
Ahora la policía tiene que elaborar un nuevo informe, a la mayor brevedad posible, donde apunte, una por una, todas las conexiones que puede haber entre esos documentos y la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. El juez pide que queden detallados tantos los elementos subjetivos como los objetivos y la temporalidad entre los efectos, documentos y demás actuaciones entre amos procedimientos.
Mientras Ruz avanza con celeridad contra Bárcenas, a quien le ha prohibido salir del país y acudir quincenalmente a la Audiencia Nacional a firmar, Anticorrupción ha levantado el pie del acelerador. Cuando cayó el asunto en manos de Romeral, citó a declarar tanto a Bárcenas como a su exabogado, Jorge Trias, y el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta. El siguiente paso fue solicitar a la Policía que emitiese un informe caligráfico sobre los citados documentos, los cuales a día de hoy sólo son copias, desconociendo el paradero de los originales.
El juez apoyó la decisión de la Fiscalía y dejó el asunto en sus manos. No obstante, matizó que si en el futuro se encontraran conexiones entre los casos Bárcenas y Gürtel, la contabilidad ilegal del PP quedaría judicializada.
Fuentes fiscales explican que hasta que no llegue ese informe policial, no se va a dar el siguiente paso, que sería citar a los empresarios que aparecen como donantes de diferentes sumas de dinero. Fuentes policiales reconocen que un informe de esas características puede tardar horas, días o incluso meses, dependiendo de la presión a la que se sometan a los peritos caligráficos, quienes llevan ya desde el pasado día 6 con la prueba en su mesa.
Anticorrupción estaba controlando sus tiempos y datos sin contar con otros factores que podrían alterar el futuro del caso. Uno es la maniobra de la Udef y otro, las denuncias y querellas que se han interpuesto y que podrían provocar que otro juez aceptara judicializar el caso. Concretamente, en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla hay dos denuncias, una presentada por el Observatori Desk y otras del sindicato Manos Limpias. En ambos casos ya se han abierto diligencias y han solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la admisión.
Por otro lado, Izquierda Unida, junto a varias asociaciones, presentó el jueves en la Audiencia Nacional una querella criminal para que se investigue la contabilidad B del PP, causa que le ha recaído al juez Javier Gómez Bermúdez. Según fuentes fiscales, la intención es solicitar que todas las causas se centralicen en el juzgado de Ruz y evitar dispersión de criterios. 

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