CUANDO ESTABA EN MARCHA LA MOCIÓN
La otra cara del 'caso Ponferrada': el PP adjudicó un contrato 'in extremis' a un imputado en Gürtel
Mientras la polémica en Ponferrada envuelve a todo el PSOE, que ha forzado a Samuel Folgueral a abandonar el partido a cambio de mantener el bastión municipal, los populares se resignan a ocupar la bancada de la oposición habiendo dejado los deberes hechos. El último contrato lo adjudicaron ya con la moción de censura en marcha y el Gobierno en funciones. Seralia, una compañía de José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel por “favorecimiento” en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, consiguió por dos años y 2,5 millones de euros “la mejora, mantenimiento y conservación de jardines, espacios verdes y arbolado viario”, pese a ser la empresa que ofreció la segunda oferta más cara.Folgueral fue elegido alcalde de la localidad al salir adelante una moción presentada con el voto de Ismael Álvarez, actual portavoz de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP). Carlos López Riesco (Ponferrada, 1965) llegó a la alcaldía en 2002, justo después de que su antecesor, el propio Álvarez, dimitiera de su cargo al ser condenado por acosar sexualmente a la concejala de su propio grupo Nevenka Fernández. Ponferrada es la sexta ciudad más importante de Castilla y León y creció al calor del boom inmobiliario. El PP local confió a Ulibarri parte de la transformación de la localidad, cuando encargó a Begar, otra compañía de su propiedad, la espectacular torre de la Rosaleda, un inmueble de cien metros de altura que costó 28 millones de euros y que hoy está prácticamente deshabitado.
La Torre de la Rosaleda es hoy la torre de la burbuja. La constructora de Ulibarri quebró cuando todavía no había terminado el edificio, ya que la crisis inmobiliaria estalló justo cuando su presidente fue imputado en el caso Gürtel. La financiación de la torre corrió a cargo de Bancaja, hoy integrada en Bankia, la entidad valenciana que fue una de las que más riesgo inmobiliario asumió durante los años del boom. La Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo intuía que el Ayuntamiento de Ponferrada favorecía directa o indirectamente al Grupo Begar y le adjudicaba más planes urbanísticos que a otras empresas, como el proyecto y ejecución del auditorio municipal o la construcción de viviendas en la Rosaleda.
El nombre de Ulibarri y su estrecha relación con el PP local saltó en 2005, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León escuchó las quejas de los vecinos e inició una investigación, que concluyó que toda la actuación urbanística de La Rosaleda, el barrio donde se ubica la mencionada torre, era ilegal. Como sospechaban los vecinos, a las parcelas se les otorgó un nivel de edificabilidad mayor del permitido, favoreciendo a los adjudicatarios de las parcelas, es decir, al grupo Begar.
López Riesco siempre fue el número dos de Álvarez, el “hombre que todo lo controla en Ponferrada”, a quien ni estar envuelto en un escándalo de índole sexual le restó votos cuando decidió volver a la primera línea política. Casi 6.000 votos avalaron su candidatura en 2011. Hoy, Álvarez y López Riesco ni comparten partido ni se hablan, ya que este último vetó que Álvarez encabezara la lista popular.
Lejos de apaciguar sus ansias de volver al Consistorio, el exalcalde formó Independientes Agrupados de Ponferrada y así se presentó a sus vecinos, que le concedieron cinco escaños, los justos y necesarios para hoy pactar con los socialistas y destronar al que fue su partido. Pese a los continuos rifirrafes que los dos excompañeros se propinaban en los plenos municipales, López Riesco nunca dejó la relación con Ulibarri se debilitase y compaginó la alcaldía con un escaño en el Congreso durante tres años.
El bipartito examinará con lupa las propuestas
Tanto el PSOE como el propio Álvarez han denunciado en varias ocasiones que el Ayuntamiento hacía “contratos a medida” a Seralia, del grupo Begar, que ya se había hecho con el contrato de mantenimiento de los parques de la localidad bierzana.
El actual bipartito, que desde este viernes está al frente del Consistorio, ha asegurado que examinarán las propuestas de las diez empresas que optaron al concurso ya que, según el recién estrenado alcalde, todavía hacen falta informes para hacer efectiva la adjudicación. Además, se ha comprometido a revisar con lupa esta y otras adjudicaciones que el PP ha hecho a la empresa de Ulibarri, que multiplicó sus negocios gracias en gran medida a la ayuda que recibió de los populares en el Ayuntamiento de Ponferrada.
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