Ciudades frente al desempleo: Cada vez más desiguales

Elisa Beni

¿Por qué no contesta el Gobierno al clamor popular sobre la corrupción?, ¿es qué no piensan hacer nada?, ¿están paralizados, atemorizados, esperando a que escampe? Nada de eso. Están trabajando para buscar la impunidad. Es mucho más práctico. ¿Acaso no vienen sus mayores quebraderos de cabeza de no haber podido satisfacer la petición de Bárcenas de que arreglaran lo suyo? Sólo esos jueces díscolos están empeñados en complicarles la agenda. Es algo consustancial al poder que roza sus cotas de desvergüenza más altas en momentos políticos determinados, sobre todo cuando el Tercer Poder se acerca demasiado a las meninges del Primero. Así sucedió en Italia con Berlusconi, así está a punto de suceder en España.

A la chita callando Gallardón está haciendo el trabajo sucio mientras nos despistamos en el juego de malabares de la cochambre y el lodo que cada día nos muestra una actuación judicial aquí, una comisión rogatoria allá. El pasado viernes el Gobierno aprobó remitir a las Cortes el anteproyecto de Ley que masacrará la independencia del Poder Judicial y facilitará una impunidad mayor para los políticos que en el futuro pudieran tener problemas. Desactivados los jueces, con la instrucción en manos de fiscales obedientes, un infierno poco parecido al Estado de Derecho nos acecha.

Gallardón no es que vaya a reformar el órgano de Gobierno de los jueces, es que lo va a sustituir por otra cosa diferente a la diseñada por la Constitución y, a la par, reformará la faz de la Justicia sobre el terreno y dejará su impronta en la Administración de Justicia de nuestro país hasta el punto de que no sea reconocible tras su paso. Sólo que alterará cuestiones básicas para el funcionamiento del Estado de Derecho, sin diálogo, sin pacto social, sin el consentimiento ni siquiera de sus votantes dado que no lo llevaba el PP en su programa electoral... Todo esto qué mas da. El fin justifica los medios y que mejor fin que terminar de una vez por todas con la perpetua amenaza de un Poder Judicial independiente al que ni él ha podido manejar.

Puestos a medida

No gustaba el PP de la elección de los vocales del CGPJ por las Cortes, es más, llevaba en su programa volver al sistema diseñado originalmente en la Constitución de elección  de la mayoría de ellos por los magistrados, pero ya puestos, el PP ni siquiera dejará en manos de asociaciones o intermediarios el poder designar a los jueces cómodos que los políticos precisen. El cambio que introducen para ello, el que basten 25 firmas para llevar a un candidato a la cámara que pueda votarlo, es vendido para más inri como un refuerzo de las posibilidades de cualquier juez no asociado para llegar al Consejo. ¡Quía, no! esto no funciona así. Eso en la práctica significa que si un partido quiere llevar al CGPJ a un juez a medida, aunque éste no tenga ningún respaldo en la carrera judicial, aunque no represente a nadie, con 25 firmitas de nada llegará hasta el pleno de la Cámara correspondiente donde obedientemente los parlamentarios seguirán la disciplina de voto y le investirán vocal si así lo decidieron los amos del partido.

Esto es una parte más de la desactivación de las asociaciones judiciales que se lleva a cabo en el proyecto. Unas asociaciones cuyo funcionamiento ha sido deficiente, en efecto, y que en muchos casos han actuado como correa de transmisión de los partidos si no como la voz de su amo pero que en los últimos tiempos han mostrado los dientes e incluso han dejado ver que podrían dejar de ser obedientes. Así que el nuevo proyecto las deja sin la responsabilidad de apoyar a los candidatos, sin subvenciones ni casi posibilidad material de obtener fondos que no sean de sus asociados y, además, sin posibilidad de expresar ante la sociedad los puntos de vista de la carrera judicial ya que se les prohibirá hablar de temas sometidos a procedimiento, como al resto de jueces y magistrados que, ya pertinentemente amordazados, no podrán poner el contrapunto técnico o la opinión más contrastada en el debate público, en una limitación de su libertad de expresión de dudoso encaje constitucional.

Y, todo ello, ¿para solucionar que problemas? ¿con qué objetivo? ¿qué alega el Gobierno para considerar esta reforma imprescindible? ¿qué oponen a la versión de que sólo se trata de laminar la independencia judicial? Nada, realmente nada. Ni siquiera en la exposición de motivos del anteproyecto de ley se nos indica que realidad defectuosa es la que vienen a subsanar. A pesar de ser bien cierto que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano fallido, no son esos fallos precisamente los que se van a solucionar sino que se va a profundizar en ellos. Los principales problemas que ha denotado tener el CGPJ son su politización, su divorcio de la carrera judicial que no se siente representada ni concernida ni quizá ni gobernada por él; su utilización espuria del carácter político de sus vocales para usarlos como correa de transmisión de las presiones partidistas a los jueces y la amenaza de un régimen disciplinario utilizado más como método de achantamiento que realmente para purgar una carrera judicial de la que es difícil que salgan los miembros indeseables.

Nada de eso se solucionará con un nuevo diseño de Consejo en el que sólo siete vocales tengan dedicación permanente y sueldo mientras que los demás simultanearan dichas funciones con su ejercicio profesional. No sólo eso sino que todo se agravará pero más al gusto de los políticos. La Comisión Permanente será más reducida que el Pleno y más fácilmente presionable. Los otros vocales serán a la vez miembros de un órgano político y jueces en ejercicio, lo que transmitirá la idea de politización que acarrea el CGPJ aún más a los tribunales que hasta ahora quedaban al margen de ella. Otros miembros lo serán a la vez que continúan ejerciendo de fiscales, a las órdenes del Gobierno, o de abogados con clientes determinados, aunque simultáneamente tenga voto para elegir magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de Audiencia o TSJ.

Esto es lo que está ya en marcha. Jueces y magistrados han intentado gritar que es inaceptable, pero son tan novatos en estas lides que le dieron a Gallardón el gusto de hacerlo justo el día del Debate del Estado de la Nación, para que todo quedara diluido y ni una cabecera, ni una portada recogiera su relevante lucha para que el Estado de Derecho siga siendo el que corresponde a un estado democrático. Camino de las Cortes va. No es la muerte de Montesquieu, es la danza sobre su tumba.

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