Por una Europa de las personas: la gran estafa de la UE, el salvamento del sistema bancario con dinero público

El sistema bancario europeo quebró en el año 2008. La Comisión Europea trató de garantizar, desde un principio, que los procesos de rescate del sector financiero en los distintos países miembros de la UE-27 se llevaran a cabo de forma coordinada adoptando un marco general sobre el que se negociaran los planes de cada país.
Siguiendo esta pauta, cada estado ha ido adaptando el marco general establecido por la Comisión en función de la magnitud del problema de su sector bancario. Además, teniendo en cuenta su diferente exposición a la crisis financiera, la mayoría de países ha adoptado otras medidas para sanear su sistema financiero, aunque siempre bajo la supervisión de la Comisión Europea. Se trataba de intervenir para evitar el colapso de sus sistemas financieros.

En teoría se trataba de prevenir una retirada masiva del ahorro de los ciudadanos depositado en las entidades financieras e impedir que las dificultades de liquidez afectaran a la solvencia del sistema y evitar el desbordamiento de la crisis financiera hacia la economía real.

En la práctica se ha desarrollado un mastodóntico plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público. Los instrumentos utilizados han sido los siguientes:

• Avales públicos a la deuda de las entidades bancarias: este fue el primer instrumento del que se hizo uso para tratar de responder a los primeros efectos de la crisis financiera. Estos avales se dirigieron al conjunto del sistema bancario en lugar de a entidades concretas y mostraron ser eficaces para afrontar restricciones de liquidez en un contexto de pérdida de confianza. Los países que concedieron más avales públicos a la deuda de los bancos entre 2008 y 2010 fueron Irlanda (360 mil millones de euros), Reino Unido (158 mil millones de euros), Dinamarca (145 mil millones de euros) y Alemania (135 mil millones de euros).
• Medidas de recapitalización: bajo este instrumento se llevaron a cabo inyecciones directas de capital en entidades bancarias. Los países que más capital inyectaron entre 2008 y 2010 en su sistema bancario fueron Reino Unido (83 mil millones de euros), Alemania (57 mil millones de euros) e Irlanda (46 mil millones de euros).
• Planes de saneamiento de activos: se introdujeron en una segunda fase de la crisis financiera, cuando el problema de los activos tóxicos se hizo más patente. Este instrumento se ha utilizado en 11 de los 27 países de la UE. La mayor parte de las cantidades aprobadas afectaron a Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica y Holanda. Como en el caso de las medidas de recapitalización, los bancos que recibían estas ayudas debían presentar planes de reestructuración.
• Otras medidas para inyectar liquidez: De muy diversos tipos y alcances, fundamentalmente han consistido en compras de activos y en préstamos del Banco Central Europeo.

El resultado conjunto es que entre los años 2008 y septiembre de 2011, los 27 países de la UE han aprobado ayudas públicas por un importe conjunto de 4,5 billones de euros a los que hay que sumar la actuación del Banco Central Europeo que ha añadido 1,2 billones de euros de liquidez adicional inyectada al sistema bancario europeo. En conjunto, las medidas aprobadas superan a septiembre de 2011 (última fecha para la que hay datos publicados) los 5,7 billones de euros (el 46% del PIB del conjunto de la Unión Europea anual).
De esta inmensa cantidad de dinero, en el período 2008-2010 se habían utilizado ayudas públicas por valor de 1,6 billones de euros (un 13,1% del PIB de la UE), de las cuales 1,1 billones corresponden a avales y 409 mil millones a medidas de recapitalización y tratamiento de activos tóxicos. Tres estados miembros absorbieron casi el 60% de la ayuda total utilizada: Irlanda (25%), Reino Unido (18%) y Alemania (15%). En términos relativos a su PIB, los países que han utilizado más ayudas entre 2008 y 2010 han sido Irlanda (un 268%), Dinamarca (67%), Bélgica (21%) y Reino Unido (18%). A los 1,6 billones de euros hay que añadir de igual modo la inyección del Banco Central Europeo (1,2 billones de euros) lo que situaba hace 2 años en 2,8 billones de euros utilizados (17,5% del PIB anual).
Una vez más se ha optado por salvar a los causantes de la crisis en vez de a sus víctimas y para ello las instituciones europeas no han tenido en cuenta las diferentes alternativas posibles en una situación como la actual.
Nuestro país ha sido una pieza más del expolio: España ha necesitado solicitar un rescate de hasta 100 mil millones de euros para su sistema financiero. Para ello ha recurrido a un organismo creado por el Consejo Europeo en 2011: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), previsto para mejorar las posibilidades de ayuda a los estados y a los bancos en las próximas crisis bancarias. El organismo no conseguirá sus objetivos porque su actuación está basada en la austeridad presupuestaria, la cesión por parte de los estados miembros de más soberanía y una dosis adicional de sumisión a la lógica del capital privado.
En resumen, en España, a finales de 2012, la cantidad total por todos los conceptos de ayudas públicas al sector financiero ascendía a unos 590 mil millones de euros, de los que aportación de capital suponen cerca de 81 mil millones de euros (13,72% del total) frente a las medidas de financiación que superan los 508 mil millones de euros (86,28% del total). Y todo esto se ha producido sin que se modifiquen las relaciones de propiedad de las entidades.
El resultado de esta enorme transferencia de dinero público a las arcas de los bancos es que las deudas de las entidades financieras las acabamos pagando las familias trabajadoras con recortes en sanidad, educación, dependencia y todo tipo de servicios públicos, además de sufrir cada vez más paro y una mayor explotación en los puestos de trabajo. En conjunto se está produciendo una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento brutal de las desigualdades que está llevando a la mayoría a sufrir unas condiciones de vida y de trabajo cada vez peores.
El rescate es ilegítimo, ya que, al igual que con las actuaciones anteriores, se salva la responsabilidad y malas prácticas de los gestores y grandes inversores, hace que no reconozcan su situación de quiebra y se aprovechen del dinero público sin que se modifique el control accionarial que tienen de las entidades. Si todos los fondos públicos utilizados se hubieran convertido en acciones, el Estado y la Unión Europea serían los dueños de las entidades bancarias (por cada euro que han puesto los accionistas privados, el erario público ha puesto más de tres).
Esta situación no es una mera crisis financiera, sino que el problema de fondo es una crisis capitalista clásica que nace en la llamada economía real. La banca no crea un solo átomo de riqueza, sino que ésta es el producto del trabajo humano (aplicado a los medios de producción) y los recursos naturales. Igual que estimula los auges económicos, el crédito (o, en este caso, la ausencia de él) agrava la crisis económica pero no la crea. Las soluciones tendrán que tener en cuenta este diagnóstico.
desmontandomentiras.tomalaplaza.net