La juez de los ERE enfila a los verdaderos beneficiarios de un fraude de 136 millones

El dinero se fue en ayudas directas a empresas, 'sobrecomisiones' y a intrusos en los expedientes

Alaya prevé una nueva tanda de detenciones

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• La juez Mercedes Alaya ha puesto la proa a "los verdaderos beneficiarios" del dinero del fraude de los ERE. Una cantidad de fondos públicos enorme, pero, de momento, muy lejos de lo que ha llegado a escribir Alaya, quien sugirió que todo lo que se dio por este proceso es ilegal. La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2010 ascienden ya a 136 millones. La cifra aglutina los 50 millones desviados por las sobrecomisiones, según la Guardia Civil, las ayudas a empresas por 73,8 millones que concedió la Junta de Andalucía y los 12,3 millones que percibieron 126 intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas). La Cámara de Cuentas andaluza peinó durante un año el fondo de los ERE, dotado de 721 millones, y precisó la cifra de subvenciones a empresas y la de los intrusos, un dinero que el Ejecutivo andaluz reclama ahora.
  La Junta exige la devolución de las ayudas a empresas y las pólizas abonadas a estos 126 intrusos, personas próximas al PSOE y exdirigentes de la Consejería de Empleo, según la juez. Tanto estas últimas reclamaciones como la iniciada contra las 121 empresas subvencionadas, constituyen ahora expedientes administrativos de la Junta que culminarán en los juzgados de lo contencioso-administrativo tras las alegaciones ya presentadas. Los jueces determinarán si procede la devolución del dinero en una batalla legal que se antoja muy larga.
  Mientras, los auditores de la Cámara de Cuentas plasmaron en su biblia técnica sobre el caso que las consultoras Vitalia y Uniter recibieron 68 millones en comisiones por encima del mercado. De estos fondos, la Guardia Civil estima ilegales 50 millones, aunque ya ha avisado de que esta cifra de dinero desviado a las consultoras crecerá. Los investigadores consideran que los porcentajes eran abusivos e ilegales. Por su parte, las consultoras alegan que la Dirección General de Seguros siempre estuvo al tanto de los porcentajes, que llegaron a superar el 20% de la cuantía que supuso cada ERE.
  Los 136 millones defraudados, que rondan el 18% del costo actual del fondo —721 millones (cuando se acabe de pagar habrá costado 1.217 millones)—, es una cifra escandalosa, pero muy lejos de los 1.000 millones que el PP asegura que se ha robado. Ayer el número tres de los populares, el vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, volvió a disparar con hipérboles desmesuradas: "Casi 1.000 millones de euros destinados a ayudar a los parados, dinero público, que ha sido utilizado por una trama corrupta organizada en la Junta de Andalucía para beneficiarse unos pocos". El discurso del PP sobre el escándalo ha consistido desde su inicio en exagerar algunas cifras y hace un año elevaron las comisiones de las consultoras a una horquilla de entre 150 y 200 millones.
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